Publicado
1 día atrás
en
22 diciembre, 2017
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Ayer fueron despedidos 70 trabajadores/as del Ministerio de Defensa.
Diez de ellos/ellas pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario. El desmantelamiento de las áreas de archivos
vuelve a dejar en manos de las Fuerzas Armadas los documentos y anticipa una
nueva etapa de depredación de las políticas de memoria. Así, este gobierno
demuestra una vez más que su política no está dirigida a luchar contra la
impunidad, ni tiene intenciones de continuar con el juzgamiento de los
responsables del terrorismo de Estado.
Parte importante de las sentencias que se han dictado desde hace más de
una década utilizaron, para fundar las condenas, los archivos desclasificados
de los Ministerios de Defensa y Seguridad. La prueba directa de las estructuras
militares que funcionaron al servicio de los grupo de tareas se reproduce en
esos documentos.
El Estado argentino es responsable de promover políticas dirigidas a
velar por la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, el
recorte de personal impide que se siga desarrollando una política institucional
compatible con las exigencias republicanas de acceso a la información pública,
impidiendo el seguimiento de casos por graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
La Dirección Nacional fue creada mediante el Decreto Nº 788/07 y se
encuadra institucionalmente en la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos
Militares, teniendo como responsabilidad primaria instrumentar y difundir en el
área de su competencia las normas del Derecho Internacional de los DH y del
DIH, con el objeto de afianzar el respeto y protección de los derechos
esenciales de las personas, tanto en tiempos de paz como de conflicto (Anexo II
del Decreto Nº 1451/08).
Hasta ahora, el personal que trabajaba minuciosamente en estas áreas
actuó como auxiliar de la Justicia, ayudando a comprender el modo en que las
fuerzas militares se estructuraron y organizaron el plan de exterminio.
La desclasificación de estos archivos responde a una obligación legal y
a los compromisos que el Estado Argentino ha asumido a nivel nacional e
internacional en materia de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de
Estado. En ningún caso, ninguna agencia del Estado puede negar a las
autoridades que investigan violaciones de derechos humanos, información estatal
que pueda ayudar a esclarecer los hechos.
Los despidos y el vaciamiento de la política pública de Derechos Humanos
demuestran que el Estado argentino está dispuesto a asumir grandes costos, sin
importar el camino andado en materia de defensa a los derechos humanos.
El recorte además se hizo extensivo a la Dirección de Políticas de
Género que tramita las denuncias de vulneración del colectivo más castigado en
estos tiempos.
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