jueves, 29 de marzo de 2018

Fallo contra el gobierno porteño por la muerte de un chico - Condena por el abandono

La Justicia ordenó indemnizar con 100 mil pesos a los padres de un niño que murió por una neumopatía cuando Macri era jefe de Gobierno y Vidal su ministra de Desarrollo Social.

El fallo señala que las autoridades estaban al tanto de la situación. 
Imagen: Sandra Cartasso

El mismo día en el que presidente Mauricio Macri destacó los números oficiales sobre pobreza e indigencia se conoció un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño que ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a indemnizar con 100 mil pesos “por daños y perjuicios” a los padres de un bebé de 25 días que murió por una “neumopatía” por estar en situación de calle en el invierno de 2010, cuando Macri era jefe de gobierno porteño. “Está acreditado que el Gobierno de la Ciudad estaba al tanto de la situación crítica que atravesaba la familia incluso antes del nacimiento, y pese a ello no brindó una solución adecuada”, sentenció el fallo. 

El asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno destacó que se trata de “la primera condena de ese tipo” contra el Estado porteño y señaló que “más allá de la tristeza del caso y la demora en obtener la condena indemnizatoria, el fallo es trascendente porque establece un precedente: los sin techo tienen derechos”. 

Moreno agregó que el fallo de los jueces Mariana Díaz y Carlos Balbín, fortalece el debate sobre “la responsabilidad que tiene el Estado no sólo de asistir” a las personas, “sino de reponer o restablecer los daños que les ocasiona el vivir en la calle”. 

La madre del bebé estaba embarazada de cinco meses cuando la familia dejó de percibir el subsidio habitacional que recibía de parte de la Ciudad, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social que encabezaba la ahora gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por lo que dejaron la pensión en la que estaban y se instalaron en la esquina de Pichincha y Cochabamba, en el barrio de San Cristóbal, al rechazar la oferta de asistir a los paradores, cuyo régimen es restrictivo y rechazado por muchas de las personas en situación de calle. 

Cuatros meses después, la pareja junto a sus cuatro hijos continuaba en la misma situación, cuando el 9 de junio nació Luis en el Hospital Ramos Mejía. El pequeño fue llevado por sus padres una semana después nuevamente al hospital, cuando su madre notó “silbidos respiratorios”. El cuadro se agravó y los padres decidieron trasladarlo al hospital pediátrico Garrahan, pero el bebé murió poco tiempo después. 

El gobierno porteño había sido condenado en primera instancia por el juez Víctor Trionfetti y apeló la decisión argumentando la “ausencia de nexo causal” entre la muerte del niño y su situación de calle, dado que los padres “no habían aceptado ingresar a un parador”. Tanto los padres de Luis como el asesor tutelar pidieron que se rechazara la apelación y se confirmara la sentencia de primera instancia, lo que ocurrió el pasado 14 de marzo.

En el fallo, la jueza Díaz señaló que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba advertido de la peligrosidad que significaba para la madre y el recién nacido la situación de calle (…) y no obstante omitió adoptar medidas con el alcance legalmente exigible según la vulnerabilidad comprometida”. 

Por su parte, el juez Balbín sostuvo que “al momento del nacimiento del niño, hacía meses que el grupo familiar –conformado por la madre, el padre y cinco hermanos menores de edad– vivía en la calle”.  “También está acreditado que el Gobierno de la Ciudad estaba al tanto de la situación crítica que atravesaba la familia incluso antes del nacimiento, y pese a ello no brindó una solución adecuada”, sentenció el juez.

A mediados del año pasado, el primer censo popular de personas en situación de calle arrojó que unas 4500 personas duermen en las calles de Buenos Aires, el cuádruple del número de personas relevado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteña, encabezada por Maximiliano Corach. El relevamiento, realizado por más de 40 organizaciones sociales con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad también advirtió que 25.872 personas estaban “en riesgo a la situación de calle” a mediados de 2017. 


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