El Salvador, 3 de marzo de 2018.- El Salvador celebra este 4 de marzo las novenas elecciones legislativas y municipales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, en la cual se eligen 84 diputados y 262 alcaldes y sus consejos municipales para el período 2018-2021.
5.2 millones de salvadoreños se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto, en un país donde no es obligatorio. A pocas horas de abrirse los Centros de Votación dispuestos en las escuelas, se respira calma en las calles.
6 millones de dólares de gastos de campaña mediática en el último mes entre los diferentes partidos. Una elección reñida –donde no faltó el desprestigio al oponente y violencia política a la que nos tiene acostumbrados la derecha- que marcará el rumbo del país, a un año de las próximas elecciones presidenciales.
Una Asamblea Legislativa completa que se renueva y que será la encargada de elegir a los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, marcando con ello el rumbo judicial del país para los años venideros (1).
54 observadores internacionales pertenecientes a la OEA y la Unión Europea monitorearán el proceso, inmerso en un gran despliegue de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Por las calles de San Salvador se pueden observar propagandas electorales que llaman a votar a conciencia y sin el visto bueno de los patrones. Lejano en el tiempo queda el “voto cantado” (1), pero aunque libre y secreto, las manipulaciones sobre los electores siguen a la orden del día. También ONGs financiadas por la USAID que llaman a no votar por quienes no cumplen, particionando aún más el voto. Otros sectores han realizado campaña por la anulación del voto y por la no participación, aumentando así las probabilidades de que, dado el “voto por rostro” donde el ciudadano elige una lista completa votando por la bandera del partido de preferencia o a distintos candidatos de distintos partidos (incluidos los candidatos no partidarios que permite la Ley Electoral desde el año 2011) al marcar la casilla correspondiente (y sin pasarse de sus límites), la cantidad de votos nulos se haga evidente.
La posibilidad de fraude electoral sobrevuela El Salvador. La derecha encarnada en la Alianza Republicana Nacional (ARENA) -formada por la oligarquía salvadoreña que ha controlado por décadas el poder económico, financiero y mediático del país- controla gran parte de la actual Asamblea con diputados propios y aliados, y la Sala de lo Constitucional con jueces alineados a sus intereses. Con ese inmenso poder a sus hombros, la derecha salvadoreña ha venido obstaculizando (y bloqueando en muchos casos) toda política social propuesta por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): la Ley General de Aguas que intentaba garantizar el agua no sólo como un bien público sino como un derecho humano y la Ley de Soberanía Alimentaria, que permitiera el paso a una economía productiva y soberana, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, el FMLN ha logrado importantes avances en materia social, como ser la implementación del Paquete Escolar, que brinda a niños y niñas uniforme y útiles escolares, llegando a comunidades que no tenían acceso real a la educación al no poder afrontar estos gastos; la Ley de Primer Empleo que brinda un marco legal real para el ingreso de los jóvenes al mundo laboral.
Actualmente, el Parlamento salvadoreño está integrado por 35 diputados de ARENA, 31 del FMLN, 11 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), 6 del Partido de Concertación Nacional (PCN) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC). De los 262 municipios del país, 119 son gobernados por Arena, 82 por el FMLN, 19 por GANA, 16 por el PCN y 5 por el PDC, siendo el resto dirigidos por coaliciones.
Esta elección se convierte entonces, en una especie de sondeo para el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que necesita una mayoría en el Parlamento para continuar con la aprobación de programas y políticas sociales que sistemáticamente han sido rechazados por la oposición, que caracteriza al gasto público como un “despilfarro” innecesario de recursos y no como políticas que beneficien a la población, y que al fin y al cabo, son su legítimo derecho.
Este 4 de marzo se convierte entonces en un día clave para el pueblo salvadoreño que será el destinatario de las políticas sociales inclusivas… o no.
Notas
El artículo 131 de la Constitución de la República de El Salvador menciona lo que corresponde a los diputados de Asamblea Legislativa de El Salvador en su artículo 19: “Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura”.
El 21 de septiembre de 1886 se promulgó en El Salvador, la “Ley Reglamentaria de Elecciones”, en la que establecía que se debía votar frente aun Directorio, que era el equivalente a la actual Junta Receptora de Votos, la cual estaba conformada por un presidente, vicepresidente, cuatro escrutadores y un secretario, delante de ellos cada ciudadano manifestaba en voz alta a quien daba su voto, para diputado, presidente o vicepresidente, según el tipo de elección. Esta ley estuvo vigente hasta el 24 de febrero de 1939.
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