DE EDITORMIRADAS
El 3 de febrero de 1962, el entonces
presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447
que dispuso el embargo total del comercio con Cuba. De esta manera, el gobierno
de ese país oficializó el bloqueo contra el Estado y pueblo cubanos.
La Orden Ejecutiva 3447 se articuló
según lo dispuesto en la Ley de Asistencia Exterior, de septiembre de 1961 y la
Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917. Su objetivo era impedir y
obstaculizar toda la actividad económica y comercial de Cuba, que ya había
vencido antes todo tipo de agresiones desde territorio estadounidense,
incluyendo la invasión armada por Playa Girón.
Kennedy, en
su proclama, autorizó al Secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y
regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos
de cualquier producto de origen cubano. Además, ordenó a su Secretario de
Comercio que continuara y ampliara las medidas para restringir todas las
exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, incluidos los alimentos y medicinas.
Pero esa decisión, no fue la primera
medida de agresión económica de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana.
Posterior a la aplicación de la Reforma Agraria en mayo de 1959, Estados Unidos
amenazó con reducir la cuota azucarera, prohibir la inversión privada
estadounidense y eliminar toda ayuda económica. En 1960, ese gobierno boicoteó
un empréstito a Cuba de 100 millones de dólares por parte de bancos europeos,
canceló la cuota azucarera y en ese contexto, el propio presidente Eisenhower
planteó que su país emprendería otras medidas económicas, diplomáticas y
estratégicas.
Pocos días antes de la firma de la orden
ejecutiva, tuvo lugar en el balneario de Punta del Este, Uruguay, la VIII
Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, donde bajo la presión del
gobierno estadounidense se aprueba una resolución que excluyó la participación
de Cuba en el sistema interamericano y prohibió la venta de armas a nuestro
país. Estados Unidos intentaba con su estrategia aislar a Cuba en la arena
internacional.
Posterior al derrumbe de la Unión
Soviética y el Campo Socialista, la extrema derecha norteamericana promovió la
aprobación de legislaciones que no sólo recrudecieron el acoso económico contra
Cuba, sino convirtieron en ley todas las regulaciones del bloqueo. En 1992, se
firma la Ley para la Democracia Cubana (Torricelli), que además de otras
regulaciones, prohibió a las subsidiarias estadounidenses en terceros países
comerciar con Cuba y estableció que los buques mercantes extranjeros, después
de anclar en puerto cubano, tendrían que esperar seis meses para poder entrar
en territorio estadounidense.
El 12 de marzo de 1996 y con el objetivo de cercar y asfixiar
aún más a la economía del país, el presidente William Clinton promulgó la Ley
de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (conocida como Helms-Burton),
dirigida a imponer condiciones pensantes a la posible normalización de
relaciones entre Cuba y EE.UU.,
incluyendo el levantamiento del bloqueo; a promover la subversión y los
programas de cambio de régimen; y a desestimular el comercio y las inversiones
extranjeras de terceros países en el nuestro. Además de otras prohibiciones, la
ley Helms-Burton convirtió en ley todo el entramado regulatorio del bloqueo
contra Cuba.
En el año 2000, la Ley para la Reforma
de las Sanciones Comerciales e Incremento de las Exportaciones autorizó las
ventas agrícolas a Cuba con limitaciones. Sin embargo, esa misma norma prohibió
la autorización de los viajes turísticos a Cuba.
Todas estas leyes han convertido al
bloqueo en un entramado legal amplio y complejo, donde la motivación principal
de los círculos de poder estadounidenses se traduce con claridad en las
palabras de Lester Mallory secretario asistente de Estado en 1960 de “provocar
hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Cincuenta y cinco años después de la
firma de la Orden Ejecutiva de Kenndy, el bloqueo es considerado obsoleto e
inmoral por la comunidad internacional y un fiasco rotundo de sucesivas
administraciones estadounidenses en su propósito esencial de destruir a la
Revolución Cubana; sin embargo, sigue dañando al pueblo cubano y obstaculizando
el desarrollo económico y social de Cuba.
En veinticinco ocasiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución de condena al
bloqueo, cuyo respaldo alcanzó la cifra de 191 Estados en el año 2016. Ningún
otro tema concita tal unidad mundial contra una política estadounidense. En nuestro
continente, ese reclamo abrumador fue ratificado durante la V Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada recientemente en la
República Dominicana. Una Directiva Presidencial emitida por el ex presidente
Obama, el 14 de octubre de 2016, también reconoció que el bloqueo ha sido un
fracaso.
Aunque en los últimos dos años se
emitieron regulaciones que modificaron parcialmente el bloqueo, los obstáculos,
restricciones y limitaciones sobre la economía cubana aún se mantienen. A pesar
de las modificaciones implementadas por el gobierno anterior, los efectos
extraterritoriales en el terreno comercial y bancario financiero aún persisten.
Además, las multas millonarias impuestas por el Departamento del Tesoro,
generan todavía temor en los bancos y compañías estadounidenses y de terceros
países, para establecer vínculos económicos y comerciales con Cuba. Sólo en la
etapa posterior al 17 de diciembre de 2014, esa agencia impuso multas por un
valor de 2 mil 842 millones de dólares.
Si bien el levantamiento del bloqueo es
una prerrogativa exclusiva del Congreso de los Estados Unidos, el presidente de
ese país conserva amplias facultades ejecutivas para seguir modificando su
aplicación.
En la V Cumbre de la CELAC, el
presidente Raúl Castro planteó que “Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y
convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello
que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello
Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia”.
El fin del bloqueo sería una importante
contribución para lograr una convivencia civilizada y beneficiaría sin dudas al
pueblo de Cuba y al de Estados Unidos, pero también a la comunidad
internacional.
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