Resumen Latinoamericano, 24 de junio 2017.-En la Masacre de Avellaneda fueron asesinados los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, además de las decenas de heridos con bala de plomo y más de un centenar de arrestos. Cómo fueron los hechos, el encubrimiento de los medios de comunicación y la impunidad de los responsables políticos que aún hoy siguen en libertad y sin ser juzgados.
El 26 de junio de 2002, cerca de la Estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra manifestantes. Asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. El pedido de justicia no cesa y la causa que investiga a los autores ideológicos se reabrió.
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD). Aquel día, que enlutó a toda la clase obrera, Darío y Maxi junto a organizaciones piqueteras y partidos de izquierda se movilizaron al Puente Pueyrredón. Reclamaban el pago de los planes sociales; el aumento de los subsidios de desempleo; la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; insumos para escuelas y centros de salud barriales; el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión; y llevaban una declaración de solidaridad con los trabajadores de la fábrica recuperada Zanon de Neuquén, que se encontraba amenazada de desalojo.
Ese 26 de junio, seis meses después del 19 y 20 de diciembre del 2001, el gobierno de Duhalde se propuso impedir que los manifestantes llegaran al Puente Pueyrredón. Para esto reunió a tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, además de la Policía Bonaerense. Con todas estas fuerzas coordinadas militarizó todos los accesos a la Capital, en los que se desplegó a más de dos mil efectivos.
La jornada terminó con el asesinato Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Estación Avellaneda y decenas de heridos fueron trasladados al hospital Fiorito. En las primeras horas de la masacre la versión oficial intentó imponer la idea que los manifestantes se mataron entre ellos. Pero la masacre, registrada por periodistas, derivó en una conmoción social que obligó al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales, a pesar que el 7 de junio de 2002 en una conferencia de prensa afirmaba que de ninguna manera las adelantaría.
Antes de la masacre
El gobierno ajustador de Fernando de la Rúa, que cayó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, dejó cientos de miles de desocupados y fábricas cerradas. La crisis económica y social empujó a la calles a los movimientos de desocupados, y a los trabajadores a ocupar las fábricas cerradas por los patrones. Las asambleas populares se extendían.
El gobierno de Eduardo Duhalde se propuso acabar con las movilizaciones. Una semana antes de la masacre del 26, el presidente realizó varias reuniones con miembros del gabinete, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los servicios de Inteligencia del Estado, de hombres clave de la justicia y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esas reuniones el gobierno de Duhalde decidió cómo “resolver” el conflicto social, en el marco de una aguda crisis económica, política y social abierta en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. La Masacre de Avellaneda fue un crimen planificado que buscaba derrotar y disciplinar a todos los sectores en lucha.
El 24 de junio de 2002 el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof anunció que el gobierno nacional utilizaría “todos los mecanismos para hacer cumplir la ley” ante la movilización prevista para el 26 en el Puente Pueyrredón. El Presidente anunció a la prensa que “los intentos de aislar a la Capital no pueden pasar más, tenemos que ir poniendo orden”.
El 26 de junio
Ese día las distintas organizaciones que participaban en la actividad por el pliego de reclamos al gobierno se coordinaron para cortar cinco accesos rápidos a la Capital Federal. El MTD, que contaba con una importante presencia en la zona sur del Gran Buenos Aires, cortaría el Puente Pueyrredón.
Los operativos de las cuatros fuerzas de Seguridad del Estado impidieron que se realizaran los cortes. Dispararon balas de plomo contra los manifestantes. A Maximiliano Kosteki lo asesinaron en el hall de la Estación Avellaneda; Darío entró a la estación para socorrerlo y ahí otro Bonaerense le disparó por la espalda y cayó malherido a los pocos metros. Los dos jóvenes fueron arrastrados, sangrando, hasta afuera de la estación por los mismos policías que les habían disparado. En esta represión más de treinta personas fueron heridas de bala y cerca de doscientas fueron detenidas.
La versión oficial intentó instalar que los piqueteros, por una disputa interna, se mataron entre ellos. Versión desmentida por los trabajadores de prensa presentes: una cámara del noticiero de Canal 7 filmó el momento en que dos efectivos de la Bonaerense disparaban sobre los manifestantes, más las imágenes tomadas por un fotógrafo independiente, Sergio Kovalevsky y el fotógrafo del diario Clarín Pepe Mateos, que resultaron clave en el curso de la investigación.
Miles movilizados, Duhalde llama a elecciones
El 27 de junio miles de personas marchan del Congreso hasta Plaza de Mayo para reclamar el esclarecimiento de los crímenes y la renuncia del presidente Duhalde.
El 28 de junio Duhalde admite la posibilidad de que policías hayan asesinado a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki al decir que “aparentemente nuevamente quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería”.
El 29 del mismo mes un testigo declara ante la Justicia “lo que vi fue un fusilamiento, al flaco lo mataron por la espalda como a un perro”.
El 30 de junio el gobernador bonaerense Felipe Solá apunta contra Fanchiotti y dice que es un “psicópata y asesino”.
El 2 de julio Duhalde anuncia el adelantamiento de las elecciones presidenciales de septiembre a marzo de 2003.
El 4 de julio una nueva movilización, de más de 30 mil personas, marcha a Plaza de Mayo para repudiar la masacre de Avellaneda y homenajear a Darío y Maxi. Días después son detenidos el comisario Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta por “homicidio agravado por alevosía”.
Juicios y algunas condenas
Por el crimen de Darío y Maxi en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta. Otros siete efectivos recibieron penas mínimas y al poco tiempo fueron liberados.
Desde julio del 2002 las familias de los jóvenes asesinados reclamaron que se juzgue también a los responsables políticos. Éstos son el ex presidente Eduardo Duhalde, el entonces gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional Felipe Solá, el ex secretario de Seguridad Interior de la Nación Juan José Álvarez, el ex jefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro Carlos Soria, el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el ex ministro de Justicia nacional Jorge Vanossi, el ex secretario general de la Presidencia y funcionario durante los tres gobiernos kirchenerista Aníbal Fernández, el ex ministro del Interior de la Nación Jorge Matzkin, el ex ministro de Seguridad bonaerense Luis Genoud, así como el ex vicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez.
Vanossi, Matzkin y Atanasof también instalaron la versión oficial de que los manifestantes se habían matado entre ellos. Vanossi incluso impulsó una acusación contra las organizaciones de desocupados en la Justicia federal, Mientras que Soria y Rodríguez se contactaron ese mismo día de la masacre con el comisario Fanchiotti. Soria, en los meses previos, ordenó desde la SIDE la infiltración a los movimientos piqueteros. Armaron distintas versiones, que hicieron públicas, sobre estas organizaciones. Dijeron que había grupos armados dispuestos a tirar al gobierno de turno.
La causa contra los responsables políticos estuvo a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal designado fue Miguel Ángel Osorio. Pero nunca se avanzó más allá de las cuestiones formales y en el año 2010, a pedido del fiscal, se archivó la causa. La lucha de los familiares y de las organizaciones sociales lograron reactivarla en el 2014. En esta causa ya declararon como testigos desde la directora del Hospital Fiorito, donde fueron derivados los heridos, hasta la histórica dirigente de Madres Línea Fundadora Nora Cortiñas.
El papá de Darío Santillán explica por qué esta causa no puede prescribir: “desde la justicia pretendieron que este caso se cierre como un hecho policial más. No fue un hecho policial, fue un ataque pergeñado por el Estado, ejecutado por la policía y amparado por la Justicia. Si el Estado es el que te mata, se trata de un crimen de lesa humanidad. Esta masacre no fue obra de un loquito, fue una represión brutal para usarlo como caso testigo, para desmovilizar”.
¿Quiénes fueron Maxi y Darío?
* Por Norita Cortiñas.
Hoy, en esta fecha tan significativa para todos los luchadores de la vida, se hace difícil no pensarlos, no recordarlos, no extrañarlos. Se hace imposible. Militantes populares, ambos, fueron mucho más que “dos víctimas de la crisis”. Fueron nuestros hijos, fueron nuestras hijas, fueron 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, fueron gargantas poderosas. Algunos, distraídos, podrán pensar que ya no están acá, pero nosotros sabemos que sí, que nos acompañan ahora y siempre, porque ellos han sido tan importantes como lo siguen siendo, para que todos podamos alcanzar por fin una vida verdaderamente digna. Son ellos, los jóvenes que luchan día a día, quienes dan el presente cuando el Estado está ausente. Y somos nosotros, quienes debemos valorarlos, recordarlos y honrarlos, a toda hora. Porque no sólo le dieron un ejemplo a las nuevas generaciones: le dieron su vida a la militancia, defendiendo la Patria para incubar justicia social, esa misma justicia social que exigía mi hijo Gustavo junto a tantos compañeros. Y entonces no, no me pidan que les responda quiénes fueron Maxi y Darío, porque Maxi y Darío no fueron: Maxi y Darío son… Maxi y Darío somos todos nosotros.
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