El juicio contra efectivos de la Policía Metropolitana que en 2013 balearon con plomo a dos comunicadores populares fue postergado hasta el 2017, cuando se cumplan cuatro años de la represión que desalojó la “Sala Alberdi” en Buenos Aires.
Por Soledad Arrieta (RNMA)
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| Foto: M.A.F.I.A. |
El 12 de marzo del 2013, el
entonces gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó desalojar la “Sala
Alberdi”, que pretendía ser clausurada ante la resistencia que desde el 2010
venían sosteniendo artistas, estudiantes y docentes, autogestionando el espacio
dentro del municipal Teatro General San Martín. La privatización de la cultura
estaba en marcha y querer evitarlo podía costar la vida.
Las policías Metropolitana y Federal reprimieron con gases
lacrimógenos, balas de goma y balas de plomo que terminaron impactando en los
cuerpos de los comunicadores Esteban Ruffa -de ANRed- y Germán de los Santos
-de DTL!-, ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA),
además de Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina.
Sí, podrían haberlos matado, la historia confirma de lo que es capaz el poder
cuando de ocultar pruebas se trata.
La Policía Metropolitana rodeaba a las y los manifestantes de
cerca, mientras que la Federal garantizaba el cordón externo. Quedaban pocas
personas en el lugar y los disparos finales empezaron a sonar, pronto se sabría
que esos aullidos no escupían balas de goma sino potenciales muertes. Tres
fueron los sobrevivientes de heridas de plomo, dos de ellos periodistas: la
verdad debía silenciarse.
Esteban Ruffa todavía convive con el proyectil en la pierna que
no se cansa de recordarle esa noche, mientras que a Germán de los Santos lo
perforó y se fugó. Fueron a parar a diferentes hospitales y en principio se
abrieron dos causas que terminaron unificándose.
Los policías de la Metropolitana procesados son Gabriel
Heriberto Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta.
Algunos tienen un importante historial represivo. El primero estuvo procesado y
fue sobreseído por la represión en el Parque Indoamericano en la que asesinaron
a dos personas y tiene otro proceso en marcha por tenencia de armas de guerra.
La acusación que se les hace en esta causa es por homicidio calificado en grado
de tentativa perpetrado en varias oportunidades, porque quisieron matar y
porque lo intentaron más de una vez, afortunadamente sin éxito.
Pero las responsabilidades no se agotan en ellos tres, cada vez
que un policía ataca lo hace porque tiene una gran espalda para hacerlo. Recaen
también sobre el titular de la Comisaría 3ª de la policía Federal, el jefe de
la acción de operaciones de esa misma fuerza y los funcionarios que conformaban
la estructura jerárquica del gobierno de la Ciudad –entre ellos el ministro de
Cultura, el jefe de la Policía, el ministro de Seguridad y el jefe de Gobierno
y actual presidente de la nación Mauricio Macri–, aunque ninguno de ellos está
imputado porque esa espalda tiene otra espalda, que es el aparato judicial.
Los dos comunicadores son patrocinados por María del Carmen
Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
(Correpi), mientras que Mario Fumaroni decidió no avanzar con el juicio. Las
audiencias habían sido pautadas para los días 9 y 11 de noviembre, pero el
Tribunal Oral Criminal N°7 decidió posponerlas “por razones de agenda”. Las
nuevas fechas son para mayo del 2017, cuatro años después de esas balas de
plomo estatales.
Desde la organización que nuclea a diferentes colectivos de
comunicación alternativa, comunitaria y popular se denuncia que esta maniobra
apuesta a que el juicio se realice en un contexto más favorable para encubrir
las responsabilidades políticas del macrismo, además de que el actual Jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la creación de una nueva Policía
de la Ciudad, por lo que se estará juzgando a miembros de una fuerza ya
inexistente.
El mecanismo que quisieron aplicar para tapar la represión
baleando a comunicadores en 2013 hoy lo canalizan por la vía judicial, pero la
lucha desde la Red Nacional –junto a la Correpi, Hagamos lo Imposible y
numerosas organizaciones que brindan su apoyo– no les dará tregua, porque lo
que no se visibiliza desaparece y la comunicación alternativa no va a dejar de
gritar.
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