Resumen Latinoamericano / Agencia para la Libertad / 15 de septiembre de 2017
“La justicia para Santiago y para tantos luchadores, consiste en barrer de la faz de la tierra el sistema contra el cual lucharon y entronizar la sociedad y el futuro de sus sueños”, afirman desde la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que remarca: “venimos insistiendo en que, desde hace demasiado tiempo, nos hemos acostumbrado – nos han acostumbrado– a interpretar la realidad como si esta fuera un expediente judicial o una – mala– novela policial”, al comienzo de su pronunciamiento. A la vez, señalan que: Las responsabilidades son siempre políticas. Toda pretensión de dirigir la atribución penal a sus responsables políticos choca contra el hecho elemental de que, además de nombrar los jueces, estos suelen ser los autores de las leyes penales y, por supuesto, no tienen la costumbre – tan extendida, por otro lado, entre la dirigencia popular– de “escupir para arriba” o de “mear contra el viento”, como se prefiera”. Más abajo, pronunciamiento completo.
Desde la Gremial de Abogados y Abogadas venimos insistiendo en que, desde hace demasiado tiempo, nos hemos acostumbrado – nos han acostumbrado– a interpretar la realidad como si esta fuera un expediente judicial o una –mala– novela policial”.
En el marco de su campaña electoral y sin otra necesidad que la que les marca su estrategia para esta – que incluye dar señales a los dueños del poder que gestionan, particularmente interesados en la Patagonia–, el gobierno nacional, después de acordar con el gobierno chileno la irregular detención de Facundo Jones Huala, mandó a la guardia nacional de nuestro país (la gendarmería) a reprimir a un grupo de manifestantes contra la misma, en un despliegue desproporcionado – pero no casual, ni inocente– de recursos, efectivos y violencia en relación al pequeño grupo de manifestantes.
Las consecuencias de este tipo de decisiones políticas siempre se cuentan en heridos, fracturados, apaleados y presos bajo figuras legales creadas especialmente para controlar las protestas y las disidencias políticas. Muchas veces, también en muertos. Y ahora, como aporte del macrismo a la democracia, también en “desapariciones”.
Las responsabilidades son siempre políticas. Toda pretensión de dirigir la atribución penal a sus responsables políticos choca contra el hecho elemental de que, además de nombrar los jueces, estos suelen ser los autores de las leyes penales y, por supuesto, no tienen la costumbre – tan extendida, por otro lado, entre la dirigencia popular– de “escupir para arriba” o de “mear contra el viento”, como se prefiera. Si hacen falta demostraciones de esto, ahí están la impunidad de De la Rúa y la de Sobisch, entre tantos.
Pero, insistimos, el lenguaje con que se intenta dirimir estas cuestiones es el jurídico y, más puntualmente, el forense. Así, los sectores sociales interesados festejan o lamentan los avances y retrocesos que – desde cada punto de vista– registra el desarrollo de las investigaciones o de los procesos judiciales.
Ahora, por ejemplo, el gobierno y su cadena nacional de repetidoras –a los que se suman sus evidentemente numerosos electores convencidos o convictos– sostienen que el resultado de un peritaje de búsqueda de ADN “despeja la versión de la desaparición forzada”.
Lo que resulta, obviamente, una mentira, falacia –si se prefiere– o lisa y llana apelación a la estupidez colectiva.
En primer lugar, las imágenes captadas en el momento permiten ver que a Santiago Maldonado se lo subió a la camioneta de Gendarmería dentro de una o dos – estamos hablando del mínimo– bolsas de plástico.
En segundo lugar, la maniobra de encubrimiento que perfecciona la figura, el tipo de desaparición forzada permitió que esas camionetas permanecieran en poder de los gendarmes durante el tiempo suficiente para efectuar una limpieza con productos que son eficientes para limpiar rastros de ADN o destruirlo; limpieza, por lo demás, ya probada. En tercer lugar, hallar ADN de Santiago en la camioneta hubiera probado, en este contexto, que él había estado allí, pero no hallarlo no prueba nada; en todo caso, si la suma de otras evidencias – como efectivamente ocurre– prueba que así fue, la maniobra de la pericia y los dichos del gobierno prueban el encubrimiento y la desaparición forzada.
Seguramente no es necesario que la Gremial intervenga en estos “debates” públicos para aclarar lo evidente ni ninguna otra cosa, pero sí consideramos que resulta útil para insistir en un punto que parece estar fuera de la agenda: el crimen cometido contra Santiago Maldonado es un crimen político; los responsables de este crimen – como los de tantos otros semejantes– sólo podrán ser castigados por la vía de acciones políticas efectivas que permitan superar las barreras de impunidad que los poderes socio-económicos dominantes y sus gestores políticos construyen a su alrededor.
La justicia para Santiago y para tantos luchadores, consiste en barrer de la faz de la tierra el sistema contra el cual lucharon y entronizar la sociedad y el futuro de sus sueños.
GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA ARGENTINA
13 de septiembre de 2017
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