El testigo Ariel Garzí denunció penalmente al juez Guido Otranto
Ariel Garzí ya había sufrido amenazas antes de la desaparición de Santiago Maldonado. EL magistrado fue acusado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Había declarado que el 2 de agosto se comunicó con una de las líneas de Maldonado.
Por Adriana Meyer
El juez federal Guido Otranto fue denunciado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Quien lo acusó es Ariel Garzí, amigo de Santiago Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona “por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro”.
Debido a su apoyo a la comunidad mapuche, Garzí fue desde enero víctima de graves hostigamientos, que incluyeron un simulacro de fusilamiento, y aún así acudió a la justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. El juez no sólo no le pidió el aparato sino que tampoco implementó protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después la desprotección fue completa: la ministra Bullrich lo nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. “Vas a confesar hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”, le dijo en julio un policía rionegrino, y le gatilló cuatro veces en la sien. Por este tipo de episodios, que viene sufriendo la comunidad mapuche y quienes los apoyan, es que los testigos afirman que no tienen garantías en la justicia patagónica
El juez federal Guido Otranto fue denunciado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Quien lo acusó es Ariel Garzí, amigo de Santiago Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona “por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro”.
Debido a su apoyo a la comunidad mapuche, Garzí fue desde enero víctima de graves hostigamientos, que incluyeron un simulacro de fusilamiento, y aún así acudió a la justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. El juez no sólo no le pidió el aparato sino que tampoco implementó protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después la desprotección fue completa: la ministra Bullrich lo nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. “Vas a confesar hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”, le dijo en julio un policía rionegrino, y le gatilló cuatro veces en la sien. Por este tipo de episodios, que viene sufriendo la comunidad mapuche y quienes los apoyan, es que los testigos afirman que no tienen garantías en la justicia patagónica.
A las dos semanas de haber sido liberado de la cárcel de Esquel, el joven artesano fue interceptado por policías que revisaron sus cosas, lo golpearon y le dijeron “vos andas con esos indios de mierda, mejor cuidate”. El habeas corpus preventivo que presentó fue rechazado in limine. Siguieron más amenazas: “deja de joder con los mapuche, si vos no sos mapuche, que carajo tiene que hacer con ellos pelotudo tira piedra”. El 15 de julio fue secuestrado en una Ford Ranger del comando de Río Negro y golpeado durante media hora. Uno de los oficiales con un arma “no reglamentaria” le apuntó a la cabeza y le dijo “vas a confesar pendejo hijo de puta quiénes son los mapuches de la RAM”. Y le gatilló cuatro veces. “Ante esto el juez hizo silencio y esa omisión de denunciar constituye encubrimiento, no estaba frente al testigo de un arrebato callejero sino una desaparición de persona”, dijo a PáginaI12 el abogado Carlos González Quintana, que asistió a Garzí aunque hizo la denuncia por derecho propio. “Por haber omitido denunciar es que están en el banquillo en Córdoba varios magistrados que durante la dictadura tuvieron conocimiento de delitos de lesa humanidad”, agregó. Garzí nunca declaró ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y tampoco se lo incorporó al programa de protección de testigos alguno.
Durante aquella declaración ante Otranto, el joven también reconoció la mochila de su amigo en una foto del día de la represión, donde aparece junto a un gendarme en el suelo de la Pu Lof.
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