Reproducimos a continuación el Boletín de coyuntura de enero 2019 elaborado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Sumario: Los datos de la economía || La agenda del oficialismo: Seguridad, corrupción y la situación en Venezuela || Crisis social y resistencias.
- Los datos de la economía
Inflación
En diciembre la inflación fue de 2,6% y el 2018 cerró con una suba total de 47,6%, la mayor desde 1991, cuando se aplicó la convertibilidad. Aunque el índice mensual se mantiene en una cifra preocupante, desde el oficialismo se destacó que por tercer mes consecutivo el alza de precios se desaceleró, tomando como referencia el pico inflacionario de septiembre (6,5%). El promedio de la suba de los salarios se ubicó en el 26%, lo que marca la regresión en la distribución del ingreso nacional y la estrategia de usar a esa variable para no alimentar el ciclo inflacionario.
Según los datos del INDEC, las principales subas del año se dieron en transporte (67% fruto del aumento en los combustibles y pasajes) y en alimentos (51%). De hecho, la inflación golpeó más a los sectores de la población que están en situación de indigencia y de pobreza, ya que la canasta de productos y servicios que consumen creció más que el promedio, alcanzando un aumento de 53,5% y un 52,9% respectivamente.
Pese a la recesión en curso todas las proyecciones estiman que la inflación en 2019 tendrá un piso del 30%. De hecho, el Gobierno Nacional ya anunció un nuevo tarifazo que contribuirá en ese sentido. Con anuncios de aumentos que van entre el 35 y el 55 % en luz, agua, electricidad y transporte, ratificó su definición de garantizar las tasas de ganancias de las empresas privadas de servicios públicos y de disminución de los subsidios estatales a costa de seguir cargando los costos en los usuarios. De acuerdo con un relevamiento publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) este año el peso de los servicios públicos en relación con el salario mínimo será del 26 %, mientras que en 2015 fue del 6%.
Fuga de capitales
El Banco Central informó que el año pasado hubo un récord de fuga de divisas, que representó casi 6 puntos del Producto Bruto Interno. Si bien en el último trimestre la sangría de divisas se moderó, en diciembre volvió a tomar ritmo. En total fueron 27.320 millones de dólares y superaron el máximo anterior que se registró durante 2008 en medio de la crisis del campo y el estallido de la burbuja inmobiliaria que generó la quiebra de gigantes del sistema financiero global. Si se suman los tres años de gestión, durante el gobierno de Cambiemos ya salieron del país entre pago de deuda, giro de utilidades, ahorro de privados y turismo casi 60 mil millones de dólares, superando el ingreso que va a representar el acuerdo con el FMI (57 mil millones).
En este marco, el Banco Central celebró la suba de las reservas internacionales en 2018. Las reservas aumentaron 14.613 millones de dólares, para finalizar en diciembre en 65.806 millones. A pesar de la fuerte salida de capitales y la corrida cambiaria, esto fue posible gracias a un incremento significativo de la deuda pública en moneda extranjera. En efecto, en diciembre ingresaron 8700 millones de dólares del swap de monedas con China y se registró el tercer tramo del crédito stand by acordado con el FMI por 7640 millones.
Estabilidad cambiaria
En medio de una economía en plena caída que no da señales de recuperación, enero volvió a marcar un panorama estable en cuanto al tipo de cambio y los movimientos en el sector financiero. Una mirada más atenta a esta situación permite evidenciar al menos dos cuestiones: (1) la primera es el nivel de vulnerabilidad que tiene la economía argentina ante los cambios en el escenario internacional. La liberalización y desregulación establecida por el gobierno de Cambiemos para la entrada y salida de capitales y para el acceso y flujo de divisas por parte de los grandes compradores y generadores de dólares estuvo en la base de la corrida cambiaria de 2018. También detrás de otros fenómenos, como la subida del riesgo país que tuvo un pico el mes pasado. Como sostiene Alfredo Zaiat, la economía argentina recibe con la misma intensidad los hechos favorables y los ventajosos que se dan en el escenario financiero global. En el primer trimestre del año pasado sufrió de lleno la devaluación de la moneda turca y el alza de la tasa de interés de Estados Unidos. Ahora registró de manera positiva el reflujo de capitales especulativos hacia mercados emergentes y las perspectivas de una suba menor de la tasa por parte de la banca central estadounidense. (2) La segunda cuestión a observar es que en paralelo con la estabilidad o incluso la baja en el precio del dólar, en diciembre se dio un proceso de dolarización por parte de bancos e inversores privados. En el informe cambiario del Banco Central hubo unos 100 mil compradores más que en noviembre. Los bancos incrementaron su tenencia de activos dolarizados y empezaron a volcarse a la divisa estadounidense en términos de “refugio”. Los fondos de inversión también decidieron dolarizar parte de sus inversiones. Es decir que, más allá de los negocios financieros (Liliq por ejemplo) que han sido eficaces para mantener estable el precio del dólar, los grandes jugadores del sistema financiero parecen prepararse para aprovechar un posible rebote en el precio del dólar. En esta dirección, y sumado a la coyuntura electoral, crece la incertidumbre generada a raíz de las inundaciones sobre la liquidación del agro y una posible retención de dolares que presione sobre su precio.
- La agenda del oficialismo
El gobierno dio inicio al año electoral definiendo ejes de campaña lo más alejados posibles de la realidad económica, en donde no sólo no tienen logros que mostrar luego de cuatro de años de gestión sino que tampoco pueden prometer mejoras. Seguridad, medidas anticorrupción, y la situación en Venezuela son algunos de los ejes elegidos por la Casa Rosada para dar inicio a la campaña 2019.
En cuanto al eje seguridad, no sólo busca mantener la iniciativa que ya ha demostrado en estos años de gobierno sino que esperan llegar a agosto con avances. En esta línea ya han puesto en el centro de la escena las reformas al Código Penal, que incluyen la baja en la edad de imputabilidad, y la compra de las pistolas Taser para combatir el delito. Patricia Bullrich busca armar con las pistolas eléctricas a las fuerzas federales que operan en estaciones de tren y aeropuertos y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta anunció que desde marzo la portarán los oficiales de la Policía de la Ciudad para “reducir delincuentes” en las líneas de subtes. También se sumaron a la medida la provincia de Buenos Aires, que equipó con pistolas Taser al Grupo Halcón, y la provincia de Chubut que ya anunció que serán utilizadas por la policía provincial.
Esta medida fue presentada como parte de una agenda de seguridad ciudadana ya que las armas taser son “armas menos letales” que las armas de fuego, lo cual permitiría evitar muertes que hoy ocurren por la acción de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la agenda de seguridad del gobierno lejos de abonar a un uso medido de la fuerza, ha debilitado los controles, felicitando ejecuciones extrajudiciales y fomenta un uso cada vez mayor de las armas por parte de la fuerzas de seguridad. En este contexto el CELS ha advertido que la presentación de las Taser como “menos letales” conduce a usos indiscriminados porque supone un uso menos restringido. A nivel internacional su utilización ha sido desalentado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas considerando su uso un tipo de tortura, y la utilización en Estados Unidos provocó la muerte de 500 personas como consecuencia de descargas eléctricas, entre otros motivos cardíacos.
En línea con el discurso punitivista que encabeza la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Gobierno volvió a instalar, en el marco de las reformas del código penal, el debate por la “baja de edad de imputabilidad” en la agenda mediática, insinuando que podría tratarse en sesiones extraordinarias en febrero. La iniciativa busca llevar a 15 años la edad para condenar a adolescentes que cometan delitos graves. Hasta el momento recibió el rechazo de organismos nacionales e internacionales dedicados a la infancia por centrar el debate en la dimensión del castigo, yendo en contra del principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Por otra parte Mauricio Macri en su afán de volver a poner en el centro de la campaña los delitos de corrupción del kirchnerismo anunció su decisión de avanzar por decreto con la Ley de Extinción de Dominio, un proyecto que venía empantanado en el Congreso por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y que recibió duras críticas por parte de constitucionalistas y partidos de la oposición.
Otro de los temas que quiere imponer el gobierno es la situación de Venezuela y el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. La postura del gobierno de Mauricio Macri respecto de Venezuela es bien sabida y formó parte de su discurso desde un comienzo. Su condena al proceso que encabeza el chavismo fue parte de todas sus intervenciones en los foros multilaterales y de la agenda que constituyó en su relación con el gobierno estadounidense. También fue uno de los puntos centrales del encuentro que mantuvieron Macri y Bolsonaro en Brasilia.
Cuando el 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato el gobierno argentino fue uno de los impulsores del pronunciamiento del Grupo de Lima que desconocía su legitimidad. Trece días después, fue uno de los primeros en reconocer oficialmente al autoproclamado “presidente interino o encargado”, Juan Guaidó.
Para el oficialismo esta política puede tener efectos deseados en varios planos. Por un lado, el más obvio, seguir debilitando una experiencia política que está en el polo opuesto de sus aspiraciones y que tiene vasos comunicantes con los gobiernos kirchneristas, “venezualizando” así el debate electoral. En otro nivel, el oficialismo busca mostrarse como un aliado fundamental de Estados Unidos, en un tema que es estratégico para la potencia imperial del norte. Por último, en la actual coyuntura también le sirve para instalar temas que desvíen la atención respecto de las consecuencias negativas de su política económica.
- Crisis social y resistencias
No podemos pasar por alto que el panorama nacional está atravesado hoy por una suerte de brote de coyunturas críticas, relativas a la salud y el medioambiente. Las inundaciones en el Litoral y el brote de casos de hanta virus en Chubut, y ahora otras zonas del país, muestran una vez más las falencias de la gestión nacional para dar respuesta, no solo a problemas estructurales, también a coyunturas de emergencia. En el segundo caso, los medios afines le otorgaron nuevamente un tipo de cobertura que ayudó a deslindar responsabilidades. El virus se subestimó y nadie escuchó a los profesionales que, ya en 1996, sospechaban del desconcierto que generaría en un sistema de salud que no cuenta con equipo ni capacitación para afrontar el brote. Hoy, sin Ministerio y en medio del ajuste, el área de salud atraviesa un panorama desolador, sin respuestas de ningún tipo por parte del Estado nacional, provincial y municipal.
En otro orden de cosas, la alarmante serie de femicidios que caracteriza a este inicio de año también puede sumarse a esa saga. El gobierno nacional ha hecho poco y nada en relación con este tema. Incluso ha debilitado los recursos estatales para intervenir ante situaciones de violencia de género. Por ahora ni siquiera ha sido incluido como un problema de seguridad, desde una perspectiva punitivista, tal como ocurre con otros problemas.
A lo largo de este mes se generó un importante movimiento de protesta contra los tarifazos anunciados por el gobierno. Allí confluyen actores del mundo sindical -particularmente el Movimiento Sindical por un Modelo Nacional y las dos CTA-, entidades que reúnen a pequeños y medianos empresarios, movimientos sociales (CTEP, Barrios de Pie, CCC) y sectores medios no organizados.
En la CABA, desde fines de diciembre se vienen sucediendo convocatorias semanales a “ruidazos” y “cacerolazos” que han mostrado diverso poder de convocatoria pero han tenido una constancia de la que hay que tomar nota. La protesta más masiva fue la marcha de antorchas que encabezaron sindicatos y movimientos sociales el jueves 10 de enero. La misma modalidad se replicó una semana después con una masiva marcha en Rosario y luego en Mar del Plata. Están previstas acciones similares en Mendoza y Córdoba.
Respecto del mundo sindical, en lo que va del año el conflicto que protagonizaron los pilotos resultó el de mayor trascendencia por diversas razones. En primer lugar, porque no ha habido muchos casos en los que lxs trabajadorxs hayan podido derrotar una política del gobierno; además, el ámbito del transporte aéreo de pasajeros se convirtió en un escenario prioritario para imponer un tipo el modelo de negocios que el macrismo pretende impulsar desde el Estado; y, finalmente, porque demostró que desde una posición de fuerza es posible derrotar los avances flexibilizadores contra los derechos de lxs trabajadores. Por otra parte, no son pocos los espacios gremiales que se encuentran en una suerte de “estado de alerta”, repudiando los despidos sucedidos durante 2018 y denunciando futuros: en Córdoba, el titular de la CTA denunció 800 despidos; la UOM de Rosario, reveló que como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018 el sector “perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5.000”. A su vez, estas iniciativas han sido el marco para que desde algunos sectores sindicales planteen públicamente la necesidad de ir a un nuevo paro general en los próximos meses.
- Conclusiones
El gobierno enfrenta un verano menos conflictivo de lo que fue el 2018. Las consecuencias de la recesión, la inflación y el aumento del desempleo están en pleno desarrollo. Incluso el efecto del último tarifazo se sentirá de lleno en un par de meses. Sin ningún logro social y económico que anunciar, con situaciones sociales críticas en diversas regiones del país, el oficialismo se aferra a la agenda punitivista y a medidas de efecto que lo ligan a la lucha contra la corrupción. Incluso, parece que una agenda latinoamericana marcada por la intervención estadounidense en Venezuela ha hecho posicionarse a nuestro Gobierno Nacional con firmeza, mucho más que el panorama social interno.
En el campo de la oposición hay movimientos, pero sigue habiendo poca claridad y mucho menos anuncios. Diversos estudios de consultoras, de todo tipo y color, muestran una baja en la imagen positiva, en la intención de voto y los índices de confianza del presidente Mauricio Macri. Ninguna estrategia de campaña podrá obviar estos números, incluso aunque no esté claro si se trata de una “anomalía de verano” o un dato que empieza a consolidarse como tal. Por otra parte, y aún tomando esos números como reales, no hay por estos días una figura opositora que polarice con Cambiemos y que haya comenzado a construir una candidatura presidencial que amenace realmente a las de Mauricio Macri y M. Eugenia Vidal.
El riesgo de que se consolide una lógica de construcción en la que prime más la aritmética que la propuesta y la vocación por construir voluntades es una de las variantes más obvias, potenciadas en estos meses por la indecisión del oficialismo respecto de desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Batalla de Ideas
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