lunes, 25 de septiembre de 2017

El colaboracionismo de Serrat y Sabina con el imperio español los hace repudiar el referendum catalán

Joaquín Sabina condenó este sábado durante un concierto en Alicante las críticas a Joan Manuel Serrat por su oposición al referéndum en Catalunya previsto para el 1 de octubre. El cantautor interrumpió el show después de cantar su famoso tema Y nos dieron las diez para lanzar un mensaje en defensa de su compañero de profesión en el que dijo que, a su juicio, Serrat hizo sus declaraciones con “respeto” y “sensatez”.
No fue la única mención que Sabina hizo al desafío independentista. El show también estuvo marcado por el momento en que versionó una de sus canciones, y sustituyó la frase “sé que no lo soñé -protestaba mientras me esposaban los municipales-” por “sé que no lo soñé -protestaba mientras me esposaban los Mossos d’Esquadra.
Los Mossos d’Esquadra “se colaron” en una canción de Sabina durante el concierto
Serrat afirmó el pasado viernes que la convocatoria del referéndum independentista “no es transparente porque está creada con una ley elaborada por el Parlament, pero a espaldas de los demás miembros del Parlament”.
El cantautor de ‘Mediterráneo’ puntualizó, sin embargo, que siempre se ha mostrado favorable a los referéndums, pero criticó que la Generalitat lo convocara con una “ley exprés” y sin dejar margen al diálogo.
“Se han hecho estas leyes de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera unas enmiendas. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie”, subrayó durante una rueda de prensa en Chile, donde actuó este sábado junto a Ana Belén, Miguel Ríos y Victor Manuel. En sus declaraciones, Serrat también criticó al PP y le acusó de ser “responsable de todo lo que está ocurriendo”.
Este sábado por la noche decenas de usuarios se solidarizaron con el cantautor e hicieron circular un mensaje en el que se pedía hacer sonar el single ‘Mediterráneo’ a las 22.00, misma hora en que los vecinos a favor del referéndum llevan a cabo una cacerolada como protesta por la actuación del Gobierno.
Serrat dijo que “el referéndum no es transparente y no puede representar a nadie”
El duo Serrat-Sabina: Dos saltimbanquis en su salsa
El famoso cantautor que en su momento dejó de cantar en catalán para mostrar su apego al Imperio español no causa sorpresa con esta actitud contra el Referendum independentista catalán. En otras ocasiones repudió casi policialmente a las ansias independentistas del pueblo vasco, usando un argumento muy común entre los fascistas de Madrid: son todos “terroristas”.
En lo que hace a sus declives de lo que era aquel trovador que entonaba los versos de Machado, Serrat supo también atacar al Subcomandante mexicano Marcos “porque no apoyo a gente violenta que quiere imponer sus ideas”, desconocer su autoría en la canción “Montonera”, dedicada a una joven de esa organización guerrillera argentina y colaborar con una “asociación de familiares de Guardia Civiles franquistas”.  Ahora en su cuesta abajo, apoyado por otro saltimbanqui como él apellidado Sabina, Serrat la emprende contra sus compatriotas que quieren romper las cadenas con la España franquista. Solo le falta cantar el himno de la corona.

domingo, 24 de septiembre de 2017

Masiva manifestación en Berkeley



Miles de personas progresistas salieron a las calles de berkeley para protestar contra una reunión de derecha planeada que se canceló-Independientemente de que la gente viniera de todos modos a decir no al odio y la supremacía blanca. Unos pocos partidarios de trump parecen mostrar hasta tener un diálogo para demostrar que eran partidarios de trump, pero no un nazi. Después de la respuesta de trump de apoyo a los racistas racistas en charlottesville esta narrativa no fue muy lejos en el centro cívico de berkeley y la mayoría se quedaron fuera de la zona con protección policial. El número de policías de todo el área de la bahía fue ridículo, SF GATE REPORTANDO 14 arrestos.


VENEZUELA FILES 2 - ANTI TRUMP MARCH CARACAS 14th Aug 2017

jueves, 21 de septiembre de 2017

Caso Maldonado: Quién es el juez Guido Otranto

Publicado en: 20 septiembre, 2017


Por Sebastian Ortega



La decisión de Otranto de liberar a Jones Huala le costó un pedido de juicio político por parte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves
La noche del 25 de julio, Santiago Maldonado festejó sus 28 años en El Bolsón. Aquel día, el juez federal Guido Otranto, que pasó más de la mitad de su vida en el Poder Judicial, celebró en la ciudad de Esquel, unos 163 kilómetros al sur, su cumpleaños número 45. Una semana después, esos nombres se cruzaron en un expediente, el más importante de toda la carrera judicial del Otranto: la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Otranto pasó más de la mitad de su vida como empleado del poder judicial. A los veinte años, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ingresó como empleado de la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde llegó a ser secretario. En 2008 concursó con otros 17 candidatos para la vacante en el Juzgado Federal de Esquel, que se había creado unos meses antes. El proceso de selección demoró varios años. En el medio, Otranto dejó su cargo en la Cámara Federal porteña y se mudó a la Patagonia para ejercer como juez subrogante en el Juzgado Federal de General Roca. Ahí conoció a su actual pareja, Rafaela Riccono, una abogada con un perfil de protección de los derechos humanos que asumió como secretaria penal en el mismo Juzgado.
En agosto de 2011, 93 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales defendieron su designación en la audiencia pública en el Senado de la Nación. Según publicó el diario El Patagónico, Otranto destacó por sus conocimientos en materia de tráfico de drogas en los seis pasos fronterizos de la región cordillerana de Chubut.
Dos años después, cuando terminó de constituirse el Juzgado de Esquel, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de designación de Otranto. En sus primeros años como juez titular se destacó al frente de causas que involucraban a las comunidades originarias de la zona.
En julio de 2015 su nombre apareció en los medios nacionales cuando rechazó aplicar la Ley Antiterrorista contra la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, que en marzo de ese año habían recuperado tierras ancestrales en la zona de Vuelta del Río que estaban en poder de la Compañía de Tierras Sud S.A de la multinacional Benetton. El juez dijo que los hechos no tenían “punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que constituyen actos de terrorismo” y consideró que se enmarcaban en “el contexto de la reivindicación que realizan acerca del territorio que originalmente ocupaba el pueblo mapuche”.
Tras la recuperación de las tierras surgió un nuevo conflicto: la empresa a cargo de la explotación del ferrocarril “La Trochita” denunció que la comunidad le impedía realizar viajes y trasladar las máquinas para reparar a la localidad de El Maitén. El juez Otranto ordenó la creación de una mesa de diálogo entre representantes de la empresa y la comunidad mapuche.
Ese mismo año, el juez intervino en una disputa entre pueblos originarios. La comunidad Emilio Prane denunció por usurpación a la comunidad Nahuelpan, con quienes mantenían un conflicto por un territorio. El juez archivó la causa por inexistencia de delito y ordenó a Emilio Prane que establezca “mecanismos de diálogo, participación, cooperación y consulta que –de conformidad a sus costumbres- permitan dar solución a la reivindicación de las tierras en conflicto”
Al año siguiente Otranto volvió a aparecer en los medios nacionales: el 1 de septiembre de 2016 declaró la nulidad del juicio de extradición contra el lonko de la Pu Lof en Resistencia, Facundo Jones Huala, y ordenó su inmediata libertad. El juez sostuvo que las pruebas para detenerlo habían sido obtenidas mediante espionaje ilegal y tortura a uno de los testigos. Además, abrió una nueva investigación: a los pocos meses procesó a dos fiscales provinciales, a un espía de la Agencia Federal de Inteligencia y a dos policías por violar la ley de inteligencia.
La decisión de Otranto de liberar a Jones Huala le costó un pedido de juicio político por parte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien lo acusó ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.
Según explican fuente que conocen de cerca el conflicto de las comunidades mapuches de la zona, la relación entre el juez Otranto y los pueblos originarios se quebró a fines del año pasado. Una vez caída la mesa de diálogo entre la empresa que explota la Trochita y la comunidad mapuche de Cushamen, el juez ordenó a Gendarmería “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentran colocados sobre las vías de circulación” del tren. Unos 200 gendarmes rodearon la zona e ingresaron en territorio mapuche: rompieron las casas, golpearon a los varones, arrastraron a mujeres de los pelos y las esposaron y le pegaron a un niño. Tres jóvenes estuvieron detenidos durante una semana acusados del delito de impedir la libre circulación.
El 31 de julio, el juez ordenó un nuevo operativo: esta vez para liberar un corte sobre la ruta 40 que mantenían los integrantes de la comunidad en reclamo por la nueva detención de Jones Huala. Gendarmería logró despejar la ruta a la madrugada, cuando los mapuches abandonaron el corte. Según informaron en uno de los partes que entregaron al juez, al día siguiente, un grupo de entre 8 y 10 personas volvieron a cortar la ruta y les tiraron piedras. El comandante Juan Pablo Escola, subjefe del Escuadrón de Esquel, a cargo del operativo, ordenó entrar en la comunidad: el menos 40 agentes entraron a los tiros y atacaron con piedrazos a los mapuches.
Esa fue la última vez que vieron a Santiago Maldonado. La causa por la desaparición del joven recayó en el juzgado de Otranto. A pesar que desde el primer día de la investigación hay testimonios en el expediente de miembros de la comunidad que responsabilizan a Gendarmería, el juez demoró cuatro días en peritar los vehículos oficiales utilizados en el operativo. Antes avisó a los jefes de los destacamentos de El Bolsón y Esquel que resguardaran las camionetas y los camiones. El defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, denunció que las camionetas habían sido lavadas y que una de ellas tenía rota la faja de seguridad. “Las lavaron delante nuestro”, contó uno de los veedores.
Recién diez dìas después de la desaparición de Santiago, el juez ordenó el allanamiento de los escuadrones de Esquel y El Bolsón y el secuestro de los celulares de los agentes. En El Bolsón encontraron manchas de sangre sobre una soga y un cono de tránsito y cabellos: algunas de ellas no pudieron ser cotejadas; otras dieron resultado negativo. Ese día, varios de los agentes que habían participado en el operativo y que habían llegado hasta el río –donde los testigos dicen que secuestraron a Santiago- no estaban en sus puestos de trabajo: habían pedido licencia después de participar en la represión.
El trabajo Otranto al frente de la investigación fue criticado por los familiares de Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes acusaron al juez de “parcialidad” y pidieron que sea apartado del expediente por el hábeas corpus y en el que se investiga la desaparición forzada del joven tatuador.
Según explicó a Cosecha Roja una fuente con acceso al expediente y que conoce de cerca el conflicto de las comunidades de la zona, hay varios factores que determinaron que el juez pasara de una postura de protección de las comunidades originarias a una actitud de protección a Gendarmería, entre ellos, las presiones políticas y las aspiraciones profesionales del juez, que ya aprobó un concurso para ser camarista penal en General Roca. Ahora solo depende de la voluntad del Ejecutivo nacional, quien debe enviar su pliego al Senado de la Nación.


Una investigación que no se hizo Por Adriana Meyer

El testigo Ariel Garzí denunció penalmente al juez Guido Otranto
Ariel Garzí ya había sufrido amenazas antes de la desaparición de Santiago Maldonado. 

EL magistrado fue acusado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Había declarado que el 2 de agosto se comunicó con una de las líneas de Maldonado.


Por Adriana Meyer
El juez federal Guido Otranto fue denunciado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Quien lo acusó es Ariel Garzí, amigo de Santiago Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona “por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro”. 
Debido a su apoyo a la comunidad mapuche, Garzí fue desde enero víctima de graves hostigamientos, que incluyeron un simulacro de fusilamiento, y aún así acudió a la justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. El juez no sólo no le pidió el aparato sino que tampoco implementó protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después la desprotección fue completa: la ministra Bullrich lo nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. “Vas a confesar hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”, le dijo en julio un policía rionegrino, y le gatilló cuatro veces en la sien. Por este tipo de episodios, que viene sufriendo la comunidad mapuche y quienes los apoyan, es que los testigos afirman que no tienen garantías en la justicia patagónica
El juez federal Guido Otranto fue denunciado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Quien lo acusó es Ariel Garzí, amigo de Santiago Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona “por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro”. 
Debido a su apoyo a la comunidad mapuche, Garzí fue desde enero víctima de graves hostigamientos, que incluyeron un simulacro de fusilamiento, y aún así acudió a la justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. El juez no sólo no le pidió el aparato sino que tampoco implementó protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después la desprotección fue completa: la ministra Bullrich lo nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. “Vas a confesar hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”, le dijo en julio un policía rionegrino, y le gatilló cuatro veces en la sien. Por este tipo de episodios, que viene sufriendo la comunidad mapuche y quienes los apoyan, es que los testigos afirman que no tienen garantías en la justicia patagónica.


VOS VENÍS POR LA PLATA”, LE DIJO OTRANTO A GARZÍ EL 7 DE AGOSTO CUANDO EL JOVEN SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO JUNTO AL DEFENSOR OFICIAL FERNANDO MACHADO. “NO, VENGO PORQUE QUIERO QUE APAREZCA MI AMIGO”, RESPONDIÓ GARZÍAriel tiene 26 años, vive en el barrio La Esperanza de El Bolsón e integra la Red de Apoyo a la Lof en Resistencia Cushamen. Junto a dos mapuches, está procesado por “tentativa de entorpecer una vía férrea” por la justicia federal de Esquel, la misma que el 10 de enero ordenó un desalojo violento de Gendarmería con decenas de heridos graves.Garzí es una de las personas sobre la cual se había solicitado una medida cautelar urgente ante la CIDH. Y era uno de los amigos que hizo Santiago al llegar a El Bolsón, en abril.La denuncia describe que Otranto y el resto de los funcionarios judiciales le tomaron el 7 de agosto una declaración testimonial en la que volcó “elementos relevantes para la investigación” y puso en conocimiento del magistrado los “hechos delictivos” cometidos por la policía rionegrina, que pusieron en riesgo su integridad física. Allí relató que el 2 de agosto se enteró de la desaparición de Santiago, lo llamó a su teléfono, donde lo atendieron en silencio durante 22 segundos y luego cortaron. Es más, en aquella audiencia el juez Otranto vio una captura de pantalla de esa llamada, provista por el propio Ariel y publicada el lunes por PáginaI12. Ningún funcionario procuró tomar ese hecho como un dato clave para la búsqueda de Santiago y el juez no secuestró siquiera el teléfono del testigo, quien estaba dispuesto a dejarlo. Al ver como, “por cadena nacional” la ministra Patricia Bullrich reveló su identidad en una interpelación ante el Senado, procedió a deshacerse del aparato, “por temor a que por represalia me sucediera algo”. 
A las dos semanas de haber sido liberado de la cárcel de Esquel, el joven artesano fue interceptado por policías que revisaron sus cosas, lo golpearon y le dijeron “vos andas con esos indios de mierda, mejor cuidate”. El habeas corpus preventivo que presentó fue rechazado in limine. Siguieron más amenazas: “deja de joder con los mapuche, si vos no sos mapuche, que carajo tiene que hacer con ellos pelotudo tira piedra”. El 15 de julio fue secuestrado en una Ford Ranger del comando de Río Negro y golpeado durante media hora. Uno de los oficiales con un arma “no reglamentaria” le apuntó a la cabeza y le dijo “vas a confesar pendejo hijo de puta quiénes son los mapuches de la RAM”. Y le gatilló cuatro veces. “Ante esto el juez hizo silencio y esa omisión de denunciar constituye encubrimiento, no estaba frente al testigo de un arrebato callejero sino una desaparición de persona”, dijo a PáginaI12 el abogado Carlos González Quintana, que asistió a Garzí aunque hizo la denuncia por derecho propio. “Por haber omitido denunciar es que están en el banquillo en Córdoba varios magistrados que durante la dictadura tuvieron conocimiento de delitos de lesa humanidad”, agregó. Garzí nunca declaró ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y tampoco se lo incorporó al programa de protección de testigos alguno. 
Durante aquella declaración ante Otranto, el joven también reconoció la mochila de su amigo en una foto del día de la represión, donde aparece junto a un gendarme en el suelo de la Pu Lof. 

En todas partes DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO


ALFREDO GRANDE HABLA EN EL BORDA