Por Sebastian Polischuk, Resumen Latinoamericano/ 20 de Octubre 2015.- A pesar de que se pretenden acallar las voces de militantes sociales, sean médicos, ambientalistas o pueblos indígenas, cada vez sale a la luz las resistencias a las desastrosas consecuencias llevadas a cabo por la minería a cielo abierto, la explotación de petróleo con el fracking (fractura hidráulica), y el monocultivo de la soja con el agronegocio, siendo precisamente un año particular de luchas contra este modelo.
Casos de visibilización de la contaminación de la empresa Barrick Gold en la provincia de San Juan O la lucha de médicos, abogados e indígenas que pelean contra el modelo de los agronegocios (impulsor de cultivos con semillas transgénicas y el uso de agroquímicos en la agricultura) han obligado a que en marzo la Organización Mundial de la Salud recién considere a los agroquímicos tales como el glifosato, peligroso para la salud. Siendo un modelo que afecta y que va a la par del quite de tierras a pueblos como los qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, se mantienen firmes en su lucha acampando por más de 8 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en defensa y por la devolución de sus tierras. Lo mismo sucede con otros pueblos como los mapuches y la comunidad Winkul Newen que resiste al avance de las petroleras, donde a Relmu Ñamku (una de sus integrantes) la justicia neuquina pretende condenarla a prisión, usando la Ley Antiterrorista.
El verdadero modelo del agronegocio: Cánceres, abortos, y malformaciones en aumento
Alrededor de 13.400.000 de personas en Argentina conviven con la aplicación de más de 370 millones de litros anuales de agrotóxicos en lo que hace al 60% del territorio cultivado por monocultivos como soja, que es principal producto de la economía de nuestro país[1]. Según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, los agrotóxicos son causantes de graves daños en el ADN, además de cáncer, alergias y enfermedades respiratorias, afectando de manera escalonada a gran parte de la población que habita con estas plantaciones[2]. El coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vásquez aseguró que está “probado que en los poblados próximos a las áreas fumigadas el número de muertes por cáncer, que en el país es de 1 cada 5, se eleva a una cada tres y llega a una cada dos en los casos más graves”[3].
En la localidades agrícolas, como la cordobesa de Monte Maíz, Ávila Vásquez reveló que “casi el 10 por ciento de las mujeres embarazadas de entre 15 y 40 años sufrieron abortos espontáneos en los últimos 10 años, cuando la media nacional es del 3 por ciento; además de que el 3 por ciento de los niños vivos menores de 10 años habían nacido con malformaciones, mientras la media provincial era de 1,68 por ciento”[4]. Otro de los tantos ejemplos es el de la comunidad qom de Avia Terai, cercana a Sáenz Peña (Chaco), donde está la planta CFM Mandiyú Monsanto, la abogada Alejandra Gómez afirmó que en ese lugar, “el 31 por ciento de las familias tuvieron parientes con cáncer en los últimos 10 años”[5].
La intomable agua y desertificación que deja la minería a cielo abierto
En la provincia de San Juan la empresa minera Barrick Gold, provocó el 12 de septiembre, el derrame de más de un millón de solución cianurica. Profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) analizaron inmediatamente el agua de las localidades de Jáchal e iglesia cercanas a la minera Veladero. En esos estudios comprobaron que si bien el cianuro no estuvo presente en las muestras, se detectó gran cantidad de metales pesados dañinos para la salud. Según el geólogo de esa universidad Marcelo Giraud, estos componentes “superan un porcentaje muy significativo, hasta 1400 veces por encima de los máximos establecidos por la Ley Nº 24.051 sobre residuos tóxicos y la Ley Nº 24.585 de protección ambiental minera, y son valores que también corresponden a los del código alimentario argentino. Los resultados establecieron que el agua no es apta ni para consumo humano, ni tampoco para riego, ni para bebida de ganado”[6].
El intento de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches en su resistencia a las petroleras
Tanto Relmu Ñamku como Martín Maliqueo y Mauricio Rain deberán afrontar, a partir del 26 de octubre al 5 de noviembre un juicio por haber resistido a uno de los tantos desalojos que padecía la comunidad Winkul Newen, frente a la empresa petrolera Apache (hoy YPF, empresa estatal aliada a la estadounidense Chevron) en diciembre de 2012, en el que resultó herida una oficial de policía, mientras velaban a un bebé muerto por malformaciones, producto de la contaminación. Para este caso la fiscalía los imputó sin indagar en los maltratos y la violencia que la empresa y la policía ejercían contra la comunidad en reiteradas ocasiones. A Relmu la acusan de “tentativa homicidio” basándose en Ley antiterrorista (Ley 26.734) y pretenden darle más de 15 años de prisión en un juicio que va a ser por jurado, mientras que a los otros dos imputados los acusan por “daño”. Y lo grave es, como ella afirma por esta causa que: “vemos que detrás de nosotros se va a ampliar a todos los que estamos luchando y eso es lo peligroso”.
Todos estos casos son innumerables ejemplos de cómo está operando el modelo extractivista que actúa bajo la complicidad estatal, donde por más que intenten no podrán acallar la resistencia y el combate de los y las que luchan.
[2]http://blogs.lanacion.com.
[5] Ver artículo: “La vida fumigada”, en Mu periódico de lavaca, sept. 2015
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