19 enero 2016
Por Fernando Vicente Prieto
El 16 de enero, en San Salvador de Jujuy, fue detenida la dirigente social Milagro Sala, también diputada al Parlasur, bajo los cargos de “incitación a cometer delitos y tumulto en concurso real”. ¿El motivo? Liderar un acampe frente a la gobernación de la provincia de Jujuy.
De acuerdo al acta de detención, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez dictamina el procesamiento de Milagro Sala especificando que los delitos surgen cuando los manifestantes de la agrupación Tupac Amaru, el 14 de diciembre de 2015, “obstaculizaron la libre circulación de vehículos” y ocuparon con tiendas de campaña las adyacencias de la Casa de Gobierno provincial. En este sentido, a Milagro Sala y a otros dirigentes de la organización se les atribuye “la conducta de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos”.
“Se ha suscitado de esta manera -continúa el juez- una alteración del orden público entendido este como la situación de confianza en la que se puede vivir dentro de una atmósfera de paz social, conllevando con sus conductas la alarma colectiva de la población”.
Como elementos de prueba, entre otros, se citan grabaciones en video donde Sala aparece “efectuando gesticulaciones y arengas destinados a suscitar el acampe a distintos grupos de personas, que se acercan sucesivamente al lugar, donde se encuentran para recibir dichas directivas”. Dejando al margen la particular forma de describir una situación típica de una movilización popular, el escrito es claro en torno a que la conducta penalizada es la organización de una protesta social.
Párrafos más adelante el juez sostiene que la instalación del acampe tiene como propósito “alzarse públicamente, junto con los acampantes que aún se mantienen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”. Y agrega a continuación: “Esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador” (todas las mayúsculas corresponden al original).
Pocas semanas antes, el nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dirigente del radicalismo e integrante de la Alianza Cambiemos, ya había anunciado cuál sería la línea de acción del gobierno frente al acampe. Invitado por Mirtha Legrand a su programa de televisión, el 19 de diciembre Morales señaló que Milagro Sala “va a tener que rendir cuentas”.
Morales, además, descartó todo tipo de diálogo con la organización: “No voy a hablar con los violentos, no voy a hablar con ella. Al que corte rutas, nada”. Y añadió que “para restablecer el orden (…) hay medidas que tomar que tienen que ver con la justicia y con el Código Contravencional, que voy a empezar a implementar desde el primero de enero”. Dos semanas después del primer día del año, el Poder Judicial accionaba en ese sentido.
Ahora bien: ¿Es esta la política que defiende el presidente Mauricio Macri en el terreno internacional?
Leopoldo López, ¿preso político?
Mientras se desarrollaba el acampe y se vertían estos conceptos sobre la protesta social, Mauricio Macri se preparaba para su primera actividad internacional como presidente. El 21 de diciembre se realizó en Asunción la Cumbre de Presidentes del Mercosur y allí, como se esperaba, Macri abordó lo que considera la “grave situación de derechos humanos en Venezuela”. Concretamente, se refería a la detención de Leopoldo López, dirigente opositor venezolano que lideró en 2014 el plan insurreccional conocido como “La Salida”.
El nombre del ciclo de protestas se refería abiertamente a la salida del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, elegido nueve meses antes. El propio López se refirió a esto en forma pública en innumerable cantidad de ocasiones, e incluso declaró a las cámaras de televisión que las protestas acabarían “cuando se vaya el gobierno”.
Las acciones incluyeron graves episodios de violencia entre febrero y mayo de 2014, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y una gran cantidad de edificios y transportes públicos destruidos. Entre estos hechos, cabe destacar que al menos ocho personas –incluyendo seis integrantes de las fuerzas de seguridad- fueron asesinadas por disparos de francotiradores; que otra persona –el joven Elvis Durán- murió al ser degollado por un alambre colocado con la intención de cerrar una calle y que fueron incendiadas varias universidades e instituciones públicas. En uno de estos incendios incluso corrió riesgo la vida de decenas de niños y niñas que concurrían a un jardín maternal. El jardín está ubicado en la planta alta de un edificio que era atacado por grupos de derecha, participantes del intento por derrocar al gobierno.
Un doble discurso con mucho apoyo mediático
Las circunstancias que llevaron a López a la cárcel fueron recordadas por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al momento de responderle a Macri durante la Cumbre del Mercosur. “Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Deje de defender a los violentos”, exigió la canciller, señalando de paso el doble estándar de Macri, ante lo cual el presidente argentino debió guardar silencio. Llamativamente, el mismo silencio que practican habitualmente los medios privados de comunicación ante la información que no cuadra con su línea editorial.
Al día siguiente, tanto Clarín como La Nación e Infobae omitieron describir las fotos y citar las frases con las que Delcy Rodríguez demostró lo que es bastante evidente: que las protestas lideradas por Leopoldo López de ninguna manera podrían ser consideradas pacíficas.
Al igual que el gobierno de la Alianza Cambiemos, estos medios de comunicación también cambiaron sus parámetros en referencia a la Argentina. Y del “respeto a la protesta social” (en el caso de Leopoldo López) pasaron a la abierta legitimación para la detención de Milagro Sala, jugando al límite de la desinformación y llegando incluso a afirmar hechos falsos.
Desde hace días, todos ellos destacan el supuesto robo de dinero destinado a las cooperativas de la Tupac Amaru, en sintonía con lo que sostiene el gobernador Morales. Pero resulta que nada de esto se encuentra en los motivos de detención, que son bien claros: liderar un acampe en rechazo a una política específica del Ejecutivo provincial.
El sitio web Infobae va un poco más allá, “aclarando” en una nota sin firma que Milagro Sala “fue puesta presa luego de los acampes por instigación a cometer delitos y por tener menores de edad protestando” (sic). Aún asumiendo que en el acampe se encontraran menores de edad “por orden de” la dirigente -y no, por ejemplo, porque sus madres y padres están ejerciendo un derecho constitucional y llevan a su familia con ellos-, en ninguna parte de las cuatro páginas del acta judicial existe mención alguna a que Sala “tuviera” menores de edad protestando y este fuera el motivo de su detención.
Así las cosas, pareciera que la opinión hegemónica en Argentina no se impone por la veracidad y la coherencia de sus argumentos, sino más bien por su repetición por parte de los principales medios.
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