Brasilia, 11 may (PL) Con una dura condena al golpismo cerró hoy el segundo bloque de oradores que en el Senado Federal brasileño exponen sus criterios sobre la admisibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Los golpistas están utilizando todos los artificios posibles para cubrir con un manto de legalidad lo que es un golpe de Estado en curso, manifestó la legisladora del Partido de los Trabajadores (PT) Fátima Bezerra, quien fue la vigesimosegunda de 68 parlamentarios inscriptos para hacer uso de la palabra.
Bezerra subrayó que el pedido de impeachment es solo una fantasía con la cual se pretende ocultar las intenciones de usurpar el poder por parte del proyecto político (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) derrotado en las elecciones presidenciales de 2014.
Como antes en la Cámara de Diputados, el Senado está transformándose hoy en un tribunal de excepción, apreció la senadora petista, quien insistió en que la jefa de Estado no cometió ningún crimen de responsabilidad como para apartarla de su cargo.
Alertó que como consecuencia de este proceso destituyente las conquistas sociales alcanzadas en los últimos 13 años están en grave riesgo y subrayó que "saldremos de este juego de cartas marcadas con la cabeza erguida y dispuestos a continuar luchando".
De 22 senadores que hablaron hasta el momento, 18 se pronunciaron a favor de la apertura de un juicio político a la mandataria, pues -según expresó Acir Gurgacz, del Partido Democrático Laborista (PDT)- no hay ya como repactuar una relación armoniosa entre el Congreso y el Gobierno.
En el transcurso de la sesión se conoció que el ministro del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki negó el recurso presentado ayer por la Abogacía General de la Unión para anular el proceso de impeachment, alegando que el extitular de la Cámara baja Eduardo Cunha admitió la denuncia por venganza y con supuesto desvío de poder.
La decisión de Zavascki expresa que Cunha mantuvo una sistemática oposición al proyecto político del Palacio de Planalto, ejerciendo presión contra los intereses del Gobierno en diferentes frentes, por lo cual es difícil identificar de forma jurídicamente incontestable que maculó, de modo evidente, el proceso en curso.
Afirmó, además, que como la admisión o no del impeachment es responsabilidad del Congreso Nacional, no existe base constitucional para que el Poder Judicial pueda interferir sobre la decisión de los parlamentarios relativa a la condena o absolución de la Presidenta.
Para que sea admitido el pedido de juicio político de la jefa de Estado, el parecer del relator deberá recibir el voto favorable de la mayoría simple de los 81 legisladores. En un sondeo realizado por la cadena O Globo, 50 senadores anticiparon que votarían sí, 21 lo harían contra el proceso de destitución y 10 no opinaron.
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