Asunción, 18 de agosto de 2016.- Ayer
por la mañana el fiscal de Salto del Guairá, Israel Villalba, y unos 150
policías desalojaron a 13 familias de sus lotes agrícolas de la comunidad
asentada sobre un total de 8.611 hectáreas de tierras del Estado.
Se trata de la finca 1.873,
originalmente del distrito de Hernandarias, con padrón 2.673.
El asentamiento San Juan queda a 370
kilómetros de la capital paraguaya y está ocupada por familias campesinas
beneficiarias de la reforma agraria desde 1995, articuladas en la Federación
Nacional Campesina (FNC).
A principio de los 90′ la tierra era
propiedad del terrateniente brasileño Óscar Herminio Ferreira Filho, que vivía
en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Luego de una ocupación y reclamo de la
tierra por familias agricultoras el Estado paraguayo declaró en 1995 (a través
de la ley 620) que se trataba de un latifundio improductivo, que era de interés
social y que pasaban a favor del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR),
para ser destinada a las familias campesinas del lugar.
En todos estos años las familias
asentadas en el lugar fueron abandonas por los servicios del Estado. A partir
de 2002 empezaron a sentir el asedio de productores sojeros de la zona, que a
través de la expansión del cultivo, las fumigaciones y el endeudamiento de las
familias… fueron quedándose con 100 de los lotes del asentamiento, explicó
Alcides Ruiz Díaz, dirigente regional de la FNC.
En los siguientes años los productores
sojeros, en su mayoría brasileños, se hicieron de títulos irregulares de los
lotes, en connivencia con funcionarios estatales, como también lograron
desalojos contra las familias campesinas.
Desde 2009 las familias campesinas y su
organización nacional decidieron realizar re-ocupaciones para volver a recuperar
para la reforma agraria los lotes. De un total de 100 lotes perdidos, volvieron
a recuperar 27.
El desalojo de ayer se dio sobre 13 de
éstos lotes recuperados, explicó Ruiz Díaz a Base Is, a pesar de que en ningún
momento el agente fiscal mostró ninguna orden judicial a las familias
asentadas.
De acuerdo al referente, el fiscal
argumenta que los colonos brasileños beneficiados con el desalojo tienen
títulos de los lotes.
Los antecedentes del caso sugieren que
se trata de otro caso más donde la corrupción de funcionarios estatales se
expresa en superposiciones de títulos, y que deviene en la pérdida de bienes
del Estado en manos privadas, pero por sobre todo en vulneraciones de derechos
elementales de las familias agricultoras.
Ruiz Díaz dijo que la comitiva
fiscal-policial, apoyada por trabajadores de los colonos brasileños,
destruyeron las casas de las 13 familias desalojadas y quemaron algunas.
También que con la medida de ayer, los
productores sojeros podrán volver a cultivar en lotes distantes a 15 metros de
la escuela local, afectada por las fumigaciones sojeras.
Dijo que hasta el mediodía de hoy
seguía la policía resguardando el lugar, y las familias se mantenían en
asamblea para evaluar las acciones a tomar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario