Resumen Latinoamericano/
Contagio Radio/ 20 de Oct. 2016.-
Más de quinientas
organizaciones de víctimas y Derechos humanos, representadas en distintas
plataformas, emitieron un comunicado dirigido a las delegaciones negociadoras
de los acuerdos,reafirmando su respaldo a la Justicia
Transicional construida en La Habana como contribución a la lucha contra la
impunidad. Resaltan que su derecho a la verdad no es
negociable y que son las víctimas el sector con más potestad para decidir cómo
se deben pagar las condenas.
María Mosquera,
integrante de la organización CONPAZ, señaló que “son muchos años de impunidad en que la justicia ordinaria no
permite conocer la verdad de los hechos (…) las condenas
tampoco ayudan a subsanar lo que pasó, son pequeñas condenas y dan tratos
diferenciales de privilegios a los culpables”. Le puede interesar:
Mosquera resalta que “las cárceles no son la solución, necesitamos nuevos mecanismos
para que haya justicia (…) nos vemos reflejados en el
punto 5, se debe respetar y fortalecer porque es un sentir desde las víctimas,
una oportunidad para que el país cambie y realmente hayan garantías de no
repetición”. Añade que para que ello se cumpla es fundamental que sean investigados empresarios y demás actores involucrados en la explotación
de territorios y violaciones de Derechos Humanos.
Por otra parte, Alberto
Yepes abogado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, manifestó que
la Jurisdicción Especial para la Paz “va mas allá que la justicia ordinaria,
que colapsó por los altos niveles de impunidad, pues es una justicia parcializada concentrada en el juzgamiento de sólo
uno de los actores”.
Afirma que el aparato
normativo colombiano tiene un “papel débil frente a la responsabilidad de
particulares y agentes estatales”. Según el abogado, es allí donde radica el
temor de algunos sectores, pues la Jurisdicción Especial “contempla mecanismos
efectivos de rendición de cuentas (…) hay sectores que tienen pánico
que la Comisión de la Verdad saque a flote verdades que afecten a personajes
involucrados en crímenes de estado, que son cercanos al centro
democrático”. Le puede interesar: “Jurisdicción Especial de Paz
enfrentará la impunidad”: Comisión Ética.
Además, resalta que “el
eje principal de ataque a los acuerdos por parte del centro democrático es la
eliminación de la Jurisdicción Especial (…) muchos generales, agentes estatales
y terceros que financiaron el paramilitarismo
contarían la verdad y darían a conocer nombres de otros que hasta ahora han
estado ocultos”.
Yepes, hace un especial
énfasis en la importancia que merece la defensa de los logros del punto cinco,
apunta que “ese fue el punto que más se demoro debido a que tuvo una alta
participación de víctimas, sentires y enfoques, étnico, diferencial, de género
y territorial” y añade que es fundamental la movilización
social para hacer frente a la desinformación que promueven algunos medios. Le
puede interesar: Las 6 respuestas a las víctimas
sobre la jurisdicción especial de paz.
Por otra parte, indica
que la Jurisdicción Especial para la Paz “en sus diseños fue examinada por
distintas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos, también fue avalada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
(…) por eso sustraer la responsabilidad de los que deben
rendir cuentas desequilibra la verdad, la justicia y la reparación”.
Las organizaciones
firmantes son: Coordinación Colombia – Europa- Estados Unidos
(CCEEU), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE), Mesa Ecuménica por la Paz, Comunidades Construyendo Paz en
los Territorios (CONPAZ), Diálogo Intereclesial por la Paz
(DiPaz), Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de
Colombia (COMOSOC).
No hay comentarios:
Publicar un comentario