por Gremial de Abogados y Abogadas de la República
Argentina/Resumen Latinoamericano/2 de Septiembre 2016.-
Casi diríamos que ciertos modelos y ciertas prácticas regresaron anticipadamente en Paraguay con respecto al resto del continente, si no fuera porque tenemos la convicción de que nunca se fueron; nunca fueron siquiera puestos en cuestión.
Más allá de las cuestiones socio-económicas y políticas implicadas en tal afirmación, nos interesa remarcar el siniestro sistema de violencia “institucional” y “privado” (incluso “partidario”) que se descarga sobre los sectores más desprotegidos y humildes del Paraguay, especialmente el campesinado. Y, dentro de esto, el particular celo e ilimitada impunidad con que se ha perseguido a la dirigencia social y política que ha pretendido organizar y representar a esos sectores.
Como hemos difundido en varias ocasiones, los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) muestran que “durante casi 25 años de gobiernos posdictatoriales, entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013, fueron ejecutados y desaparecidos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas”. Además, se verifica que “el principal victimario son las bandas parapoliciales, que dan cuenta de dos terceras partes de las ejecuciones”.
Cuando se refiere a esas bandas, la Codehupy expresa que son principalmente de guardias privados de las estancias, pero también han ido proliferando las ejecuciones realizadas por los llamados “sicarios”, asesinos mercenarios que suelen desplazarse en motocicletas y que, por ejemplo, en años recientes se cobraron la vida de Vidal Vega, referente de la comunidad campesina que fue atacada por la policía en la conocida como “masacre de Curuguaty”, y el histórico Benjamín ‘Toto’ Lezcano, dirigente de la Coordinadora “Gaspar Rodríguez de Francia”.
El partido Colorado, que viene gobernando por décadas, con la sola interrupción del período luguista-liberal de 2008-2013, ha generado y sostenido sistemáticamente bandas parapoliciales (“comisiones vecinales”), que se encargan de “mantener el orden”, sobre todo en zonas donde no hay organización campesina sólida que se les enfrente. Los grandes sojeros “brasiguayos”, al igual que los estancieros, mantienen nutridos cuerpos de “seguridad privada”, generosamente pertrechados.
Por si fuera poco, recientemente se conoció, por boca de sus abogados defensores, que algunos notorios jefes narcos del Paraguay fueron contactados por el gobierno para que atacaran a los miembros del EPP.
Así, en los últimos tiempos han proliferado los ataques a las viviendas de familiares de los militantes que están alzados en armas o a aquellas donde estos vivían antiguamente; práctica que, por lo demás, ha sido sistemática en todos estos años desde la aparición de esa organización. Por ejemplo, en 2015, un grupo autodenominado “Justicieros de la Frontera” incendió y baleó el taller mecánico perteneciente a los padres de Manuel Cristaldo Mieres, uno de los miembros del EPP. La familia Villalba sufrió semejantes atentados mientras permaneció en Concepción.
Tres miembros de la familia de algunos detenidos acusados de ser del EPP fueron acribillados aparentemente por fuerzas militares (con la presencia “casual” en el lugar del director del organismo nacional de combate al narcotráfico, conocido por sus prácticas de paramilitarismo), matando a dos de ellos en un pretendido enfrentamiento que fue desmentido por toda la población del lugar, incluido el obispo.
El ministerio público fiscal ha sido, además de tenaz e implacable criminalizador y represor de todo tipo de luchas campesinas, protagonista del recordado secuestro y tortura de los dirigentes del partido Patria Libre, Arrom, Martí y Colman, que luego encontraron refugio político en Brasil. Fue operador principal de la maniobra criminal que, aprovechando la desaprensión y el aval que le brindaba el gobierno de Lugo a sus tropelías, culminó con la ya mencionada masacre de Curuguaty y el posterior “golpe institucional”. Fiscales como Sandra Quiñones y Rogelio Ortúzar acostumbran a moverse uniformados al frente de operativos contra los rancheríos que a veces terminan en masacres nunca investigadas; como aquel en que se fotografió a Ortúzar con un fusil de asalto y un muerto a sus pies o aquel en que Quiñones se pasea entre niños campesinos tirados en el suelo con las manos en la nuca.
A Ortúzar lo recordamos los miembros de la Gremial, solicitando aterrorizado la suspensión del juicio a los seis campesinos extraditados desde Argentina, porque se rumoreaba que los campesinos marchaban masivamente hacia Asunción a defender el gobierno luguista.
Esta demás decir que la norma es que los fiscales garantizan la impunidad de todos los crímenes que mencionamos; así fue, por ejemplo, en el “caso Curuguaty”, donde la fiscalía sólo “investigó” y acusó a los campesinos atacados, dejando impunes a “las fuerzas del orden” y sus mandatarios
Pero, además, la fiscalía paraguaya también se encarga de hostigar a los familiares de los militantes, como en el reciente allanamiento, por supuesto estéril, a la carpintería de uno de los hermanos de Carmen Villalba. Acción cuyo verdadero objetivo, más allá de amedrentar, fue valerse de la complicidad de la prensa, como en anteriores ocasiones, para esparcir rumores amenazantes contra esas familias.
Otra de sus recientes operaciones de prensa fue hecha en conjunto con autoridades judiciales y políticas de nuestra provincia de Misiones y medios de comunicación argentinos.
Así, el secuestro de un ciudadano chino y la aparición de materiales del ejército argentino en el marco de la investigación posterior, dio pie a que se publicara que “en esa investigación hay nombres de quienes serían parientes de miembros del EEP”, y a que se especulara, incluso por el propio ministro de gobierno de esa provincia, con la participación de dicha organización. Más allá de generar impunemente la angustia de las familias involucradas, está claro que se busca un efecto de amenaza a los militantes del EPP en la persona de sus familiares e, incluso, de preparar el camino para futuras acciones de represalia contra los mismos.
En todo caso, esas son hipótesis más valiosas para sus objetivos e intereses que la que maneja, con mucha más información y verosimilitud en su análisis, el portalAdelanto24.com, especializado en “internas” de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas: se trata, a simple vista, de la intercepción, en esa zona de frontera, de un desvío de dichos materiales hacia el mercado negro que realizan algunos mandos militares.
No queda completo el panorama, pero sí más definido, si agregamos que varios de los caídos del EPP, según denuncian sus familiares y los militantes presos, en realidad fueron capturados con vida y luego ejecutados. A tal punto eso era públicamente conocido que, antes de que la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) exterminara a los adolescentes de las ACA (Autodefensas Campesinas Armadas), el actual gobierno gustaba de decir que, a diferencia del anterior, pretendía capturar vivos a los guerrilleros.
Esas expresiones también eran antes de que una de sus principales figuras, una senadora, pidiera reiteradamente a su propio gobierno que dejara de estar “maniatado por los Derechos Humanos” y se decidiera a bombardear la zona de operaciones del EPP, “aunque mueran civiles”.
Está claro que aquí sólo podemos dar un apretado panorama de hasta dónde llega la violencia del poder, estatal y para-estatal, en el Paraguay.
Podríamos llenar carillas con detalles de ese accionar.
Pero, en particular, recordamos haber tomado conocimiento del testimonio de una reclusa de la cárcel en dónde se encuentran las prisioneras que se reivindican como del EPP, de que le habían hecho una oferta concreta de dinero para asesinar a Carmen Villalba. Y no olvidamos que, de no mediar la intervención de buena parte de las internas, el falso (y desmentido por distintas autoridades) intento de fuga de Carmen que derivó en su aislamiento en un cuartel policial, hubiera terminado con la aplicación de la siniestra “ley de fugas”, y su lisa y llana ejecución.
Por eso, porque aun en la distancia hemos venido siguiendo de cerca la situación de los prisioneros políticos paraguayos; porque conocemos de las prácticas criminales de los poderes institucionales y fácticos de ese país; porque sabemos el desafío que representa para los mismos la existencia de la mencionada organización, en particular en esta coyuntura signada por la reciente muerte de militares atribuida a la misma, es que no tomamos a la ligera las amenazas que se ciernen sobre esos presos políticos.
Por eso, le damos credibilidad a lo que esas amenazas dicen, por eso tememos y por eso hemos difundido el alerta del día de ayer; para que empecemos a tomar definitiva conciencia de que, a unas horas de viaje, a la vuelta de la esquina, en la otra cuadra de nuestra cotidianeidad, se desarrolla un escenario del que sólo acostumbramos a pensar o en pasado o en lejanía física y emocional. Un escenario en donde, cada día con más profundidad, se pone en cuestión lo que muchos sostenemos cotidianamente que es innegociable: la decisión de no tolerar que la brutalidad de los poderosos y los represores se descargue sin límites e impunemente sobre los militantes populares.
Por eso, y porque en las últimas horas se acrecientan las amenazas, los indicios, los rumores, seguimos denunciando y seguimos pidiendo acciones para exigir que el gobierno paraguayo garantice la seguridad de todos los presos políticos de ese país.
En particular, porque hacia ella apuntan muchos de esos rumores y de esas amenazas, pedimos que sean garantizadas la integridad y la propia vida de Carmen Villalba.
Respecto a las organizaciones populares, sociales, antirrepresivas, defensoras de Derechos Humanos, políticas, de nuestro país, creemos que, como Gremial de Abogados y Abogadas tenemos recorrido un camino suficientemente expresivo para poder encarecerles que respondan a esta exhortación y lleven adelante con toda energía las acciones necesarias para que el gobierno paraguayo no pretenda hacer oídos sordos y se responsabilice ante la comunidad internacional.
2 de setiembre de 2016
Casi diríamos que ciertos modelos y ciertas prácticas regresaron anticipadamente en Paraguay con respecto al resto del continente, si no fuera porque tenemos la convicción de que nunca se fueron; nunca fueron siquiera puestos en cuestión.
Más allá de las cuestiones socio-económicas y políticas implicadas en tal afirmación, nos interesa remarcar el siniestro sistema de violencia “institucional” y “privado” (incluso “partidario”) que se descarga sobre los sectores más desprotegidos y humildes del Paraguay, especialmente el campesinado. Y, dentro de esto, el particular celo e ilimitada impunidad con que se ha perseguido a la dirigencia social y política que ha pretendido organizar y representar a esos sectores.
Como hemos difundido en varias ocasiones, los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) muestran que “durante casi 25 años de gobiernos posdictatoriales, entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013, fueron ejecutados y desaparecidos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas”. Además, se verifica que “el principal victimario son las bandas parapoliciales, que dan cuenta de dos terceras partes de las ejecuciones”.
Cuando se refiere a esas bandas, la Codehupy expresa que son principalmente de guardias privados de las estancias, pero también han ido proliferando las ejecuciones realizadas por los llamados “sicarios”, asesinos mercenarios que suelen desplazarse en motocicletas y que, por ejemplo, en años recientes se cobraron la vida de Vidal Vega, referente de la comunidad campesina que fue atacada por la policía en la conocida como “masacre de Curuguaty”, y el histórico Benjamín ‘Toto’ Lezcano, dirigente de la Coordinadora “Gaspar Rodríguez de Francia”.
El partido Colorado, que viene gobernando por décadas, con la sola interrupción del período luguista-liberal de 2008-2013, ha generado y sostenido sistemáticamente bandas parapoliciales (“comisiones vecinales”), que se encargan de “mantener el orden”, sobre todo en zonas donde no hay organización campesina sólida que se les enfrente. Los grandes sojeros “brasiguayos”, al igual que los estancieros, mantienen nutridos cuerpos de “seguridad privada”, generosamente pertrechados.
Por si fuera poco, recientemente se conoció, por boca de sus abogados defensores, que algunos notorios jefes narcos del Paraguay fueron contactados por el gobierno para que atacaran a los miembros del EPP.
Así, en los últimos tiempos han proliferado los ataques a las viviendas de familiares de los militantes que están alzados en armas o a aquellas donde estos vivían antiguamente; práctica que, por lo demás, ha sido sistemática en todos estos años desde la aparición de esa organización. Por ejemplo, en 2015, un grupo autodenominado “Justicieros de la Frontera” incendió y baleó el taller mecánico perteneciente a los padres de Manuel Cristaldo Mieres, uno de los miembros del EPP. La familia Villalba sufrió semejantes atentados mientras permaneció en Concepción.
Tres miembros de la familia de algunos detenidos acusados de ser del EPP fueron acribillados aparentemente por fuerzas militares (con la presencia “casual” en el lugar del director del organismo nacional de combate al narcotráfico, conocido por sus prácticas de paramilitarismo), matando a dos de ellos en un pretendido enfrentamiento que fue desmentido por toda la población del lugar, incluido el obispo.
El ministerio público fiscal ha sido, además de tenaz e implacable criminalizador y represor de todo tipo de luchas campesinas, protagonista del recordado secuestro y tortura de los dirigentes del partido Patria Libre, Arrom, Martí y Colman, que luego encontraron refugio político en Brasil. Fue operador principal de la maniobra criminal que, aprovechando la desaprensión y el aval que le brindaba el gobierno de Lugo a sus tropelías, culminó con la ya mencionada masacre de Curuguaty y el posterior “golpe institucional”. Fiscales como Sandra Quiñones y Rogelio Ortúzar acostumbran a moverse uniformados al frente de operativos contra los rancheríos que a veces terminan en masacres nunca investigadas; como aquel en que se fotografió a Ortúzar con un fusil de asalto y un muerto a sus pies o aquel en que Quiñones se pasea entre niños campesinos tirados en el suelo con las manos en la nuca.
A Ortúzar lo recordamos los miembros de la Gremial, solicitando aterrorizado la suspensión del juicio a los seis campesinos extraditados desde Argentina, porque se rumoreaba que los campesinos marchaban masivamente hacia Asunción a defender el gobierno luguista.
Esta demás decir que la norma es que los fiscales garantizan la impunidad de todos los crímenes que mencionamos; así fue, por ejemplo, en el “caso Curuguaty”, donde la fiscalía sólo “investigó” y acusó a los campesinos atacados, dejando impunes a “las fuerzas del orden” y sus mandatarios
Pero, además, la fiscalía paraguaya también se encarga de hostigar a los familiares de los militantes, como en el reciente allanamiento, por supuesto estéril, a la carpintería de uno de los hermanos de Carmen Villalba. Acción cuyo verdadero objetivo, más allá de amedrentar, fue valerse de la complicidad de la prensa, como en anteriores ocasiones, para esparcir rumores amenazantes contra esas familias.
Otra de sus recientes operaciones de prensa fue hecha en conjunto con autoridades judiciales y políticas de nuestra provincia de Misiones y medios de comunicación argentinos.
Así, el secuestro de un ciudadano chino y la aparición de materiales del ejército argentino en el marco de la investigación posterior, dio pie a que se publicara que “en esa investigación hay nombres de quienes serían parientes de miembros del EEP”, y a que se especulara, incluso por el propio ministro de gobierno de esa provincia, con la participación de dicha organización. Más allá de generar impunemente la angustia de las familias involucradas, está claro que se busca un efecto de amenaza a los militantes del EPP en la persona de sus familiares e, incluso, de preparar el camino para futuras acciones de represalia contra los mismos.
En todo caso, esas son hipótesis más valiosas para sus objetivos e intereses que la que maneja, con mucha más información y verosimilitud en su análisis, el portalAdelanto24.com, especializado en “internas” de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas: se trata, a simple vista, de la intercepción, en esa zona de frontera, de un desvío de dichos materiales hacia el mercado negro que realizan algunos mandos militares.
No queda completo el panorama, pero sí más definido, si agregamos que varios de los caídos del EPP, según denuncian sus familiares y los militantes presos, en realidad fueron capturados con vida y luego ejecutados. A tal punto eso era públicamente conocido que, antes de que la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) exterminara a los adolescentes de las ACA (Autodefensas Campesinas Armadas), el actual gobierno gustaba de decir que, a diferencia del anterior, pretendía capturar vivos a los guerrilleros.
Esas expresiones también eran antes de que una de sus principales figuras, una senadora, pidiera reiteradamente a su propio gobierno que dejara de estar “maniatado por los Derechos Humanos” y se decidiera a bombardear la zona de operaciones del EPP, “aunque mueran civiles”.
Está claro que aquí sólo podemos dar un apretado panorama de hasta dónde llega la violencia del poder, estatal y para-estatal, en el Paraguay.
Podríamos llenar carillas con detalles de ese accionar.
Pero, en particular, recordamos haber tomado conocimiento del testimonio de una reclusa de la cárcel en dónde se encuentran las prisioneras que se reivindican como del EPP, de que le habían hecho una oferta concreta de dinero para asesinar a Carmen Villalba. Y no olvidamos que, de no mediar la intervención de buena parte de las internas, el falso (y desmentido por distintas autoridades) intento de fuga de Carmen que derivó en su aislamiento en un cuartel policial, hubiera terminado con la aplicación de la siniestra “ley de fugas”, y su lisa y llana ejecución.
Por eso, porque aun en la distancia hemos venido siguiendo de cerca la situación de los prisioneros políticos paraguayos; porque conocemos de las prácticas criminales de los poderes institucionales y fácticos de ese país; porque sabemos el desafío que representa para los mismos la existencia de la mencionada organización, en particular en esta coyuntura signada por la reciente muerte de militares atribuida a la misma, es que no tomamos a la ligera las amenazas que se ciernen sobre esos presos políticos.
Por eso, le damos credibilidad a lo que esas amenazas dicen, por eso tememos y por eso hemos difundido el alerta del día de ayer; para que empecemos a tomar definitiva conciencia de que, a unas horas de viaje, a la vuelta de la esquina, en la otra cuadra de nuestra cotidianeidad, se desarrolla un escenario del que sólo acostumbramos a pensar o en pasado o en lejanía física y emocional. Un escenario en donde, cada día con más profundidad, se pone en cuestión lo que muchos sostenemos cotidianamente que es innegociable: la decisión de no tolerar que la brutalidad de los poderosos y los represores se descargue sin límites e impunemente sobre los militantes populares.
Por eso, y porque en las últimas horas se acrecientan las amenazas, los indicios, los rumores, seguimos denunciando y seguimos pidiendo acciones para exigir que el gobierno paraguayo garantice la seguridad de todos los presos políticos de ese país.
En particular, porque hacia ella apuntan muchos de esos rumores y de esas amenazas, pedimos que sean garantizadas la integridad y la propia vida de Carmen Villalba.
Respecto a las organizaciones populares, sociales, antirrepresivas, defensoras de Derechos Humanos, políticas, de nuestro país, creemos que, como Gremial de Abogados y Abogadas tenemos recorrido un camino suficientemente expresivo para poder encarecerles que respondan a esta exhortación y lleven adelante con toda energía las acciones necesarias para que el gobierno paraguayo no pretenda hacer oídos sordos y se responsabilice ante la comunidad internacional.
2 de setiembre de 2016
Gremial
de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Fotos:
1, La fiscala y sus guantes de tocar niños campesinos
2. El fiscal y su fusil
3. La despedida de un dirigente campesino asesinado (Vidal Vega)
4. Carmen Villalba llevada de rehén a un cuartel policial
1, La fiscala y sus guantes de tocar niños campesinos
2. El fiscal y su fusil
3. La despedida de un dirigente campesino asesinado (Vidal Vega)
4. Carmen Villalba llevada de rehén a un cuartel policial
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