Se encuentran: Grumafra, S.A., Socma Americana, S.A., Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group
La situación del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien está siendo investigado por supuesto lavado de dinero, podría empeorar.
Este jueves, el diputado kirchnerista Darío Martínez presentó un nuevo escrito para ampliar la denuncia en contra del mandatario y su familia por su vinculación a la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas denominada ‘Papeles de Panamá'.
En el escrito que presentó Martínez ante el juez federal Sebastián Casanello, expedido en el Registro Público de Panamá, se consigna que Macri es vicepresidente de la firma offshore Kagemusha, S.A., creada en 1981, la cual tiene diez años de no pagar la tasa de mantenimiento y según el documento, el capital asciende a $10,000.00, con duración perpetua y tiene como domicilio Panamá.
Pero esta no es la única sociedad anónima que se vincula al mandatario argentino. Fleg Trading LTD, ubicada en Bahamas, se suma a la lista.
Ante este escándalo, el juez Casanello solicitó a la Inspección General de Justicia una copia certificada de los documentos completos de todas las empresas que están vinculadas a Macri y no solo a las que se mencionan en la investigación periodística.
Entre ellas se encuentran: Grumafra, S.A., Socma Americana, S.A., Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group desde 1985 hasta 2007.
De igual forma, pidió a la Oficina Anticorrupción de Argentina la declaración jurada de bienes que presentó Macri el año pasado al asumir la Presidencia de Argentina. En abril pasado, cuando estalló el escándalo Macri aseguró que la constitución de la firma Fleg Trading fue legal y no hubo nada extraño en esa operación. ‘En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y en la que yo estaba puesto como director', dijo Macri.
En el artículo 303 del Código Penal de Argentina, se establece que ‘será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación a quien transfiera, administre o disimule bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes adquiera apariencia lícita.
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