martes, 20 de diciembre de 2016

Tiraron a matar, pero no los pudieron callar

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El juicio contra efectivos de la Policía Metropolitana que en 2013 balearon con plomo a dos comunicadores populares fue postergado hasta el 2017, cuando se cumplan cuatro años de la represión que desalojó la “Sala Alberdi” en Buenos Aires.
Por Soledad Arrieta (RNMA)
Foto: M.A.F.I.A.

El 12 de marzo del 2013, el entonces gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó desalojar la “Sala Alberdi”, que pretendía ser clausurada ante la resistencia que desde el 2010 venían sosteniendo artistas, estudiantes y docentes, autogestionando el espacio dentro del municipal Teatro General San Martín. La privatización de la cultura estaba en marcha y querer evitarlo podía costar la vida.
Las policías Metropolitana y Federal reprimieron con gases lacrimógenos, balas de goma y balas de plomo que terminaron impactando en los cuerpos de los comunicadores Esteban Ruffa -de ANRed- y Germán de los Santos -de DTL!-, ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), además de Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Sí, podrían haberlos matado, la historia confirma de lo que es capaz el poder cuando de ocultar pruebas se trata.
La Policía Metropolitana rodeaba a las y los manifestantes de cerca, mientras que la Federal garantizaba el cordón externo. Quedaban pocas personas en el lugar y los disparos finales empezaron a sonar, pronto se sabría que esos aullidos no escupían balas de goma sino potenciales muertes. Tres fueron los sobrevivientes de heridas de plomo, dos de ellos periodistas: la verdad debía silenciarse.
Esteban Ruffa todavía convive con el proyectil en la pierna que no se cansa de recordarle esa noche, mientras que a Germán de los Santos lo perforó y se fugó. Fueron a parar a diferentes hospitales y en principio se abrieron dos causas que terminaron unificándose.
Los policías de la Metropolitana procesados son Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta. Algunos tienen un importante historial represivo. El primero estuvo procesado y fue sobreseído por la represión en el Parque Indoamericano en la que asesinaron a dos personas y tiene otro proceso en marcha por tenencia de armas de guerra. La acusación que se les hace en esta causa es por homicidio calificado en grado de tentativa perpetrado en varias oportunidades, porque quisieron matar y porque lo intentaron más de una vez, afortunadamente sin éxito.
Pero las responsabilidades no se agotan en ellos tres, cada vez que un policía ataca lo hace porque tiene una gran espalda para hacerlo. Recaen también sobre el titular de la Comisaría 3ª de la policía Federal, el jefe de la acción de operaciones de esa misma fuerza y los funcionarios que conformaban la estructura jerárquica del gobierno de la Ciudad –entre ellos el ministro de Cultura, el jefe de la Policía, el ministro de Seguridad y el jefe de Gobierno y actual presidente de la nación Mauricio Macri–, aunque ninguno de ellos está imputado porque esa espalda tiene otra espalda, que es el aparato judicial.
Los dos comunicadores son patrocinados por María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), mientras que Mario Fumaroni decidió no avanzar con el juicio. Las audiencias habían sido pautadas para los días 9 y 11 de noviembre, pero el Tribunal Oral Criminal N°7 decidió posponerlas “por razones de agenda”. Las nuevas fechas son para mayo del 2017, cuatro años después de esas balas de plomo estatales.
Desde la organización que nuclea a diferentes colectivos de comunicación alternativa, comunitaria y popular se denuncia que esta maniobra apuesta a que el juicio se realice en un contexto más favorable para encubrir las responsabilidades políticas del macrismo, además de que el actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la creación de una nueva Policía de la Ciudad, por lo que se estará juzgando a miembros de una fuerza ya inexistente.

El mecanismo que quisieron aplicar para tapar la represión baleando a comunicadores en 2013 hoy lo canalizan por la vía judicial, pero la lucha desde la Red Nacional –junto a la Correpi, Hagamos lo Imposible y numerosas organizaciones que brindan su apoyo– no les dará tregua, porque lo que no se visibiliza desaparece y la comunicación alternativa no va a dejar de gritar.



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