Por LUCIANA BERTOIA, Ilustración: EZEQUIEL GARCÍA , Revista Crisis / Resumen Latinoamericano/ 29 de Junio 2016.-
Estaba previsto que ayer César Milani, ex jefe del Ejército Argentino y actual socio de Guillermo Moreno en el negocio gastronómico, fuera indagado por la justicia federal riojana en la causa que investiga el secuestro de Alfredo y Ramón Olivera en 1977. Sin embargo el militar volvió a escurrirse con otro triunfo de su estrategia de defensa basada en estirar (más) los tiempos de los expedientes. Antes, por la dudas y como una posdata tragicómica de su derrotero, le echó la culpa de todos sus males a los servicios de inteligencia.
Un año después de haber dejado la jefatura del ejército, César Milani presiente que su suerte puede empezar a cambiar. Con una indagatoria agendada en La Rioja por tres secuestros ocurridos entre 1976 y 1977 y con la orden de la Cámara Federal de Tucumán de investigar su rol en la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, el ex-jefe militar salió a denunciar que era víctima de una operación de inteligencia en una extensa entrevista radial mientras sus abogados presentaban una nulidad para suspender la audiencia que estaba convocada para el día de hoy.
En julio de 2015, el fiscal ad hoc Luis Martínez solicitó al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que citara a indagatoria a Milani junto con el ex magistrado Roberto Catalán por el secuestro de Alfredo Olivera y su padre, Pedro Olivera. También sumó la denuncia de Verónica Matta, quien denunció haber visto al entonces subteniente Milani cuando era torturada en La Rioja en 1976. Piedrabuena decidió avanzar con la causa pero a última hora de ayer los querellantes y los fiscales se notificaron que Milani no sería indagado. Una nueva artimaña jurídica había dado resultado mientras la onda expansiva de su última aparición mediática seguía teniendo réplicas.
“Llama la atención que en 40 años Olivera no me haya querellado”, sostuvo Milani en la entrevista con Radio Del Plata. “Yo lo denuncié en 1979”, replicó Alfredo Olivera desde La Rioja.
En la madrugada del 12 de marzo de 1977, un grupo de uniformados con armas largas y cortas entraron en la casa del barrio ferroviario donde vivía Pedro Olivera con sus hijos. Los despertaron y los llevaron al porche. Ahí estuvieron alrededor de una hora cuando un militar joven, al que Alfredo Olivera reconociera como Milani, dijo que se llevaba al padre de la familia para averiguación de antecedentes. Pedro Olivera fue conducido al Instituto de Rehabilitación Social (IRS), la cárcel que funcionó como el principal centro clandestino de detención provincial. Al padre de Alfredo Olivera lo liberaron a los dos días. Tenía medio cuerpo paralizado cuando sus hijos y su mujer lo encontraron en un sillón del porche, donde sus captores lo habían depositado.
Ese mismo día, el 14 de marzo, Alfredo Olivera fue secuestrado mientras se encontraba trabajando en las oficinas de la Dirección de Obras de Ingeniería de la municipalidad de la ciudad de La Rioja. También fue llevado al IRS y sometido a tormentos. Cuando la dictadura cumplía un año, el muchacho fue sacado y llevado al juzgado federal — a cargo de Catalán. Milani estuvo en el traslado pero también ingresó al tribunal. Lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “A vos te cortamos la carrera justo”, le decía. Olivera fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. En 1979, nombró a Milani en una declaración.
“Fue por mi denuncia que Catalán lo citó a declarar ese año”, dice el ex-preso político. La declaración testimonial prestada por el militar el 28 de septiembre de 1979 fue tomada como prueba por el fiscal ad hoc Martínez. En ese entonces, Milani reconoció que se ocupaba de la custodia desde el establecimiento carcelario hasta la sede del juzgado.
“Dice que un Teniente Milani fue a la casa para llevarse al padre. Pero cuando pone a los responsables de la Dirección de Derechos Humanos no me pone a mí. Dice que se olvidó, también se olvidó durante 40 años de querellarme”, se quejó Milani en la entrevista con Daniel Tognetti y Raúl Kollmann.
En 1984, el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Menem, creó la Comisión Provincial de Derechos Humanos para recabar información sobre los secuestros y desapariciones que se habían producido en la provincia durante el terrorismo de Estado. Conformada por diez notables provinciales, la comisión tenía dos secretarios de actuación. Uno de ellos era Alfredo Olivera, quien relató su cautiverio. A diferencia de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) — que funcionaba a nivel nacional, la de La Rioja sí incluyó una nómina de represores en la que no fue incorporado el nombre de Milani pese a constar en el testimonio de Olivera. “En la comisión, leíamos los testimonios e íbamos sacando los nombres. Se nos pasó pero el testimonio está en los documentos”, insiste Olivera, quien recuperó la libertad en 1981.
El tercer caso por el cual el juez Herrera Piedrabuena quiere indagar a Milani es por el secuestro de Verónica Matta, quien denunció a Milani en 2014. La mujer participó de una audiencia pública en el Congreso y allí dijo que finalmente pudo ponerle nombre a la cara de un militar joven que vio mientras era torturada en el IRS. Prestó testimonio tiempo después ante el fiscal federal Guillermo Marijuan y éste le remitió la declaración a su colega riojano.
intersecciones
La designación de Milani al mando del ejército le generó más de un dolor de cabeza a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del 22 de julio de 2013, el kirchnerismo decidió postergar hasta después de las elecciones de medio término el debate en el Senado para aprobar el pliego del militar. Con el Frente para la Victoria (FpV) derrotado en la provincia de Buenos Aires y después de que una rebelión policial se extendiera por el territorio nacional, CFK le ordenó al jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, reactivar el debate en la Cámara Alta, donde se aprobó la nominación el 18 de diciembre. Milani decidió hacer un descargo a la impugnación del CELS y negó haber estado al tanto que el IRS funcionaba como un centro clandestino o de que el Batallón de Ingenieros comandaba la represión en la provincia.
En paralelo, en la justicia se esforzó por demostrar que no estaba en La Rioja cuando fueron secuestrados Alfredo Olivera y su padre. De acuerdo al requerimiento del fiscal ad hoc del año pasado, en la causa hay discordancias entre el informe de calificaciones que aportó el Ministerio de Defensa y el que envió el propio Milani. Según el documento que hizo llegar el militar que pasó a retiro en junio del año pasado, él salió en comisión a Catamarca el 10 de marzo de 1977 y regresó el 15 de junio a La Rioja. Sin embargo, el ministerio sostiene que recién partió a Catamarca el 14 de junio de 1977, meses después del secuestro de los Olivera.
Sin embargo, los testimonios que vinculan a Milani con la represión en La Rioja datan de 1976. El secuestro de Matta se produjo en julio de ese año, cuando Milani supuestamente ya había regresado a La Rioja, donde prestaba servicio como subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. En el batallón tenía asiento la comandancia del área del 314, a cargo de la represión en la provincia.
El 16 de julio de ese año fueron secuestrados el arqueólogo Adán Roberto Díaz Romero y César Minué. Testimonios señalaban que los dos hombres habrían sido vistos en el Batallón. Los dos eran amigos de Alberto Agapito Ledo, al igual que Matta.
Alfredo Olivera y Alberto Ledo nacieron con cuatro días de diferencia en julio de 1955. Vivían en el mismo barrio pero no se conocían más que de vista. Olivera sí conocía a Graciela Ledo, la hermana del conscripto desaparecido. Había sido su maestra de catecismo. A Ledo lo vio en 1976 — días antes de que fuera incorporado al servicio militar obligatorio y llevado a Tucumán para no volver más — en la capilla del barrio.
“A Ledo lo llevaron a Tucumán porque lo tenían identificado”, dice Olivera.
bajo bandera
Ledo estudiaba Historia cuando salió sorteado para hacer el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. Junto a otros conscriptos y soldados fue llevado el 20 de mayo de 1976 a Monteros, Tucumán, en el marco del Operativo Independencia. En la noche del 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti requirió en tres oportunidades la presencia de Ledo, relataron testigos. Ésa fue la última vez en que lo vieron. Es uno de los 129 víctimas que se cobró el terrorismo de Estado mientras se encontraban bajo bandera que documentó José Luis D’Andrea Mohr.
Ledo había estado tocando la guitarra en un fogón esa noche, relató en 2013 Orlando Orihuela, compañero de conscripción de Ledo. Marcela Brizuela de Ledo viajó hasta Monteros el 4 de julio de ese año para saludar a su hijo por su cumpleaños. No lo encontró. Le dijeron que había desertado. Según contó su hija, fue el propio Orihuela que le dio un par de lentes del conscripto. La mochila de Ledo había quedado en la cocina del campamento pero la retiraron al día siguiente de su desaparición.
En la entrevista con Radio Del Plata, Milani dijo que no le constaba que Ledo hubiera sido asesinado. Ni vivo ni muerto.
“Milani no puede negarnos que participó de la maquinaria genocida. Estaba bajo bandera. El ejército tenía la obligación de cuidarlo”, remarca su hermana.
El 22 de junio de 1976, Sanguinetti le ordenó a Milani investigar la supuesta deserción de Ledo. “Una profunda investigación”, dijo Sanguinetti que le ordenó a su subordinado. Milani viajó a Famaillá para conseguir una máquina de escribir y labrar el acta. No investigó qué había pasado con el muchacho al que algunos testigos refieren como su asistente. Supuestamente se limitó a volcar la información que el sargento ayudante Roberto Lotero le había suministrado, Milani escribió en su descargo al CELS.
El juez federal Daniel Bejas procesó en 2013 a Sanguinetti, pero sigue sin resolver la situación de Milani. El 31 de mayo pasado, la Cámara Federal de Tucumán volvió a ordenarle al magistrado que indague al ex-jefe militar, como ya había hecho en octubre del año pasado. En diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Brito había solicitado la indagatoria de Milani.
piruetas judiciales
Antes de que CFK decidiera aplazar el tratamiento de su pliego en el Senado, Milani quiso lavar su nombre ante los tribunales federales, los mismos que ahora evita.
El 18 de julio de 2013, llegó a La Rioja para brindar una declaración espontánea ante Herrera Piedrabuena. “Milani niega terminantemente los hechos que se le atribuyen”. Un día después, hizo su aparición ante Bejas en San Miguel de Tucumán. El 21 de julio repitió sus argumentos en una entrevista con Página/12. El CELS lo impugnó al día siguiente.
Milani hizo todo lo posible para no ser indagado en las dos provincias, aunque sus esfuerzos se centraron especialmente en La Rioja, donde la causa parecía avanzar a paso más firme. La investigación estuvo en manos de la fiscal subrogante María Elena Kunath, que promovió la acción penal. La causa volvió al fiscal federal Darío Illanes, a quien desde la Procuración General le hicieron llegar el apoyo para avanzar con la causa. Millani recusó a Illanes y la investigación pasó a manos del fiscal general Michel Salman, quien en abril de 2014 adhirió al pedido de la defensa del entonces general para declarar la nulidad de la instrucción. La causa llegó a la Cámara Federal de Córdoba, donde el fiscal Alberto Lozada insistió en que había elementos para que se presentara ante el juez. Milani llevó la causa hasta Casación Federal pero la Sala IV le dio la espalda a su planteo en febrero y el juez riojano decidió finalmente avanzar.
En Tucumán, intentó deshacerse de Brito después de que pidiera su indagatoria. Solicitó su juicio político pero Alejandra Gils Carbó rechazó el pedido el 15 de enero de 2015, mientras la denuncia de Alberto Nisman contra CFK ocupaba las tapas de todos los diarios.
En su última aparición pública, Milani no sólo culpó a la “presión mediática” por las investigaciones en su contra sino que también sugirió que había caído en desgracia junto a otros funcionarios kirchneristas como parte de un contraataque de sectores de los servicios de inteligencia que fueron desplazados de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) en diciembre de 2014.
La designación de Milani —un oficial que no venía de las armas que tradicionalmente comandan la fuerza— causó sorpresa y alimentó las versiones que señalaban que, en realidad, CFK estaba montando un aparato de inteligencia que le fuera leal. Para el 18 de diciembre de 2013, cuando se votó el ascenso de Milani en el Senado, ya circulaba la información del enojo de CFK con el número dos de la SI, Francisco “Paco” Larcher, quien supuestamente había llegado tarde para informar que Sergio Massa iba a jugar en la provincia de Buenos Aires.
Al hablar de una operación de los servicios, el ex-militar, que según los registros sirvió en inteligencia desde 1983, reconoció un secreto a voces: cómo la inteligencia opera para hacer caer, obstaculizar o avanzar investigaciones judiciales. Las similitudes, a veces, no son meras coincidencias.
http://revistacrisis.com.ar/notas/el-general-no-tiene-quien-le-crea
