sábado, 4 de junio de 2016
Según especulan los
periodistas Pete Williams y William M. Arkin, en un trabajo publicado ayer en
la cadena de noticias estadounidense NBC News,
varias fuentes no identificadas del gobierno norteamericano les comunicaron el
inicio de un proceso de contactos entre los gobiernos de Cuba y EEUU con vistas
a propiciar un intercambio de prisioneros o personas reclamadas por la justicia
en cada una de las dos naciones, como parte del proceso de normalización de
relaciones diplomáticas que ambas impulsan.
Aunque este proceso, según los
periodistas y sus fuentes, se encuentra en fase exploratoria, el asunto se ha
centrado principalmente en los casos de Ana Belén Montes –actualmente detenida
en condiciones infrahumanas y de aislamiento en EEUU por espiar supuestamente
para Cuba, purgando desde el 2002 una sentencia de 25 años de prisión– y la
norteamericana Joanne Chesimard (Assata Shakur) –declarada culpable
en 1977 de homicidio cometido el 2 de mayo de 1973 contra el
patrullero estatal Werner Foerster, mientras supuestamente era requerida por
su participación en varios delitos, entre ellos el robo a un banco–. Según
fuentes judiciales de EEUU, Chesimard fue condenada a cadena perpetua, pero
escapó de la cárcel en 1979 y en 1984 reapareció en Cuba, donde vive desde
entonces.
Está claro que de darse este proceso,
la parte cubana tiene una amplia lista de terroristas, delincuentes y
secuestradores que actualmente gozan de total impunidad en Miami y otras
ciudades norteamericanas y sobre los cuales pesan serias acusaciones sobre
terrorismo y otras actividades violentas contra la nación cubana y su propio
pueblo. Por su parte, los EEUU –aunque el Departamento de Estado declinó
confirmar oficialmente la noticia– tienen interés en varias personas que
supuestamente se encuentran refugiadas en Cuba luego de ser convictos o
enjuiciados por la justicia estadounidense.
Por mi parte, considero que si EEUU
quiere actuar con apego a la ley, debe comenzar por aceptar el carácter delincuencial
y terrorista de centenares de individuos como Luis Posada Carriles, Santiago
Álvarez Fernández–Magriñá, los hermanos Novo Sampoll, Pedro Crispín Remón,
Francisco José Hernández Calvo, Horacio Salvador García Cordero, Félix
Rodríguez Mendigutía, Saúl Ramón Sánchez Rizo, Alfredo Domingo Otero, José
Basulto, Roberto Martín Pérez, Carlos Alberto Montaner, Eduardo Arocena, Reynol
Rodríguez, Aldo Rosado Tuero, Héctor Fabián, Ángel D´Fana, Virgilio
Paz Romero, José Dionisio Suárez Esquivel, entre otros, cuyas fichas
delincuenciales ya fueron presentadas al FBI por parte de Cuba en 1998 y en
otros reclamos realizados.
La extradición a Cuba de estas personas
sería una sólida demostración del gobierno norteamericano sobre su apego a la
ley y sobre cuyas culpas los grandes medios como NBC News han optado por
silenciar.
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