Bien podría haberlo escrito el genocida Jorge Rafael Videla si estuviera con vida.Rompiendo Muros.
Hechos, no palabras
Deben retomarse las promesas de campaña para que en la Argentina no haya más víctimas sin reconocimiento ni victimarios sin castigo
MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2017
Cuando todavía era candidato a la
presidencia de la Nación, Mauricio Macri aseguró que, de acceder al gobierno,
con él se acabaría "el curro de los derechos humanos" (sic).
Distintos sectores de la población
aprobaron esta afirmación de un cambio de rumbo desde una mirada dirigida a
revisar la trascendencia histórica de los años 70, luego de 12 años de
administración kirchnerista en los que el fiel de la balanza fue inclinado
falazmente hacia un extremo. Sin embargo, transcurridos 15 meses de gobierno,
aquella promesa sigue incumplida.
Como resultado de la mal llamada
"década ganada", el Poder Judicial se vio jaqueado por el
ideologizado abrazo de conceptos como "justicia y militancia", una
yunta tan antagónica como peligrosa que derivó en que ex miembros de la
guerrilla revolucionaria integraran tribunales que debían juzgar a militares.
Así ocurrió en Santiago del Estero, con integrantes del Tribunal Oral
Federal,hasta que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó apartarlos de una
megacausa por presuntos delitos de lesa humanidad ante la existencia de
"dudas razonables acerca de su imparcialidad" y la necesidad de
"evitar una inusitada privación de justicia".
El bienvenido debate abierto
recientemente sobre aquella sangrienta década trae nuevamente a la luz la
guerra revolucionaria iniciada por organizaciones armadas subversivas que
pugnaban por instalar un régimen marxista capaz de convertirnos en algo
parecido a la Venezuela actual, con una infiltración de militares cubanos en
sus fuerzas armadas, en gran medida responsables de sostener el corrupto
régimen de Maduro.
La brutal represión con que los
gobiernos militares repelieron localmente el terrorismo merece asimismo una
mirada ecuánime y sin amputaciones ni ánimo vengativo, dirigida a encontrar la
verdad y a castigar por igual a unos y a otros por todo aquello que se hizo al
margen de la ley desde ambos bandos.
Esta nueva instancia clarificadora
constituye toda una oportunidad para que el presidente Macri cumpla su promesa
y asuma protagonismo en la búsqueda de la verdad y la pacificación, dando
vuelta otra página crucial del mendaz relato construido por el anterior
régimen, habitado sólo por sangrientos militares e inocentes guerrilleros, una
dicotomía que propuso justicia para unos e impunidad y beneficios para otros.
Manteniendo la forzada argumentación
del peligro de fuga y desconociendo razones humanitarias, no ha habido cambios
en el tratamiento a los detenidos: tanto a los condenados como a los procesados
se les niega el derecho constitucional a la prisión domiciliaria en razón de su
edad o estado de salud. Como reiteradamente denunciamos desde estas columnas,
personas de más de 70 años, en muchos casos enfermas, no reciben la debida
atención.
Bajo el falaz manto protector de la
defensa de los derechos humanos, se cometieron millonarias estafas contra el
Estado nacional. Inmersos en el barro de la corrupción y lejos del juvenil
idealismo combativo, la malversación de fondos públicos fue el escandaloso
camino elegido por muchos; entre ellos, la Fundación Madres de Plaza de Mayo,
con Sueños Compartidos, y la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro
Sala, investigadas por millonarias defraudaciones ligadas a la construcción de
viviendas sociales.
Con insistencia, Jovina Luna, hermana
del soldado Hermindo Luna, asesinado en 1975 por Montoneros en el asalto al
regimiento de Formosa, solicitó al secretario de Derechos Humanos el listado de
beneficiarios de las leyes de reparación que recibieron indemnizaciones del
Estado por considerárselos "víctimas" de la represión estatal en
aquellos años oscuros. Tras una innecesaria demora, durante la cual se amparó
en un primer momento en que se trataba de datos "sensibles",
finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consideró
"oportuno" disponer la publicación en su página web de los listados
desde su digitalización, en 2004, exceptuando lo clasificado como "secreto",
así como la confección de una base de datos específica con las diferentes
categorías de indemnizaciones, cuya coordinación se pidió al secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj.
A partir de la semana próxima,
respetando el principio constitucional que obliga a publicitar los actos de
gobierno y a transparentar la utilización de los fondos públicos, se podrá
acceder a información sobre indemnizaciones a ex presos políticos, ex exiliados
y familiares de desaparecidos. Cabe recordar que el grueso de las
indemnizaciones se asignó con anterioridad a 2004, por lo que no se revelarán
los nombres de muchos de los que cobraron abultadas sumas.
Los listados permitirán confirmar de
qué forma se interpretaron los hechos, a quiénes se consideró
"víctimas" y si los asesinos de Hermindo Luna, o de alguno de los 12
soldados y oficiales del Ejército que fallecieron en ese ataque, fueron
literalmente premiados con un monto de dinero por una muy conveniente
interpretación kirchnerista que insólitamente los consideró "víctimas del
terrorismo de Estado".
El desafío es retomar las promesas de
campaña para que en la Argentina no haya más víctimas sin reconocimiento ni
consuelo y victimarios sin castigo, como resultado de una ley que lejos está de
ser pareja para todos, de la reiterada violación de los principios republicanos
que nos rigen y de una dialéctica pseudoprogresista que ha venido alimentando
el odio, los enfrentamientos y el afán de venganza anclándonos al pasado en
lugar de apostar a la pacificación.
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